La escena lo dice todo. El proyecto llegó primero a la bancada del Pacto Histórico —el bloque político del presidente Gustavo Petro en el Congreso— antes de iniciar su trámite formal. Esa ruta de entrega no es un detalle protocolario: es la hoja de ruta política de una reforma que, con 152 artículos, aspira a rediseñar desde los cimientos el sistema universitario colombiano.
El texto, presentado por el Gobierno para actualizar la Ley 30 de 1992, toca cuatro ejes simultáneos: los mecanismos de ingreso a las universidades públicas, la financiación estatal de esas instituciones, el modelo del Icetex y la estructura de gobierno interno de los claustros. Ninguno de esos ejes queda intacto.
El fin del examen como filtro
El artículo 10 establece que los resultados de las pruebas Saber 11 no podrán ser el único requisito para el ingreso a las instituciones de educación superior ni utilizarse «de manera discriminatoria o excluyente». En su lugar, las universidades deberán aplicar criterios de equidad y priorizar a personas en condición de vulnerabilidad, poblaciones con mayores barreras de acceso y sujetos de especial protección constitucional.
La medida tiene un destinatario claro: quienes hoy quedan fuera del sistema por puntaje. Pero su contracara es igualmente clara: el mérito académico deja de ser el árbitro principal de la admisión. La pregunta que el proyecto no responde es cómo se garantizará la calidad cuando el criterio de entrada sea redefinido por decreto.
El Estado asume la matrícula —progresivamente—
El artículo 12 propone que el Estado asuma de forma progresiva el costo de los programas de pregrado en las instituciones públicas. El adverbio «progresivamente» es el que carga todo el peso fiscal: no hay cifra de costo total en el proyecto, pero el artículo 26 sí fija el horizonte temporal. Durante los próximos 15 años, el Gobierno destinará financiación adicional para reducir brechas entre instituciones estatales, ampliar cobertura y fortalecer la oferta académica regional.
Además, la reforma establece que los aportes a las universidades públicas aumenten anualmente en un porcentaje no inferior al 70 % del crecimiento real del PIB, y que el presupuesto obligatorio destinado a bienestar universitario se incremente de forma progresiva del 2 % al 5 %. A eso se suma la obligación de destinar como mínimo el 10 % del presupuesto de cada institución pública a investigación, innovación y producción de conocimiento.
Los detalles cuentan la historia: cada uno de esos pisos presupuestales es una obligación nueva sobre el erario, en un país que ya arrastra déficit fiscal y que no ha resuelto la financiación de las universidades existentes.
El Icetex cambia de nombre y de misión
El artículo 57 es uno de los más radicales del proyecto. Propone que el Icetex deje de centrarse principalmente en el otorgamiento de créditos educativos y pase a denominarse Instituto Colombiano de Estímulos para la Educación Superior en Colombia y en el Exterior, orientando su actividad al apoyo de posgrados mediante becas, apoyos no reembolsables y créditos condonables o sin intereses. El artículo 100 ordena además crear mecanismos de subsidio para estudiantes que no puedan cubrir saldos pendientes de sus obligaciones.
El giro es conceptual: de una entidad de crédito —donde el estudiante devuelve lo que recibe— a una de subsidio directo, donde el contribuyente asume la diferencia. La sostenibilidad del modelo queda sin respuesta en el texto radicado.
La gobernanza: más asamblea, menos rectoría
En materia de gobierno universitario, el artículo 111 incorpora como función del Consejo Superior Universitario «acoger y reglamentar las decisiones adoptadas por el denominado poder constituyente universitario». La figura del poder constituyente universitario —tomada del vocabulario político del petrismo— introduce una instancia de legitimidad paralela a los órganos formales de la institución. El artículo 112, por su parte, modifica la elección de rectores para incluir consultas con estudiantes, docentes, egresados, trabajadores y funcionarios.
El proyecto también crea los Consejos Territoriales de Educación Superior (CTES), el Consejo de Instituciones de Educación Superior Estatales (CIESE) —que reemplazaría al Sistema Universitario Estatal— y un Plan Decenal de Educación Superior como instrumento de planeación del sistema.
La lectura de la casa
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que el proyecto no fue enviado al Congreso en pleno, sino a la bancada oficialista. La reforma de Petro no es solo una política educativa: es la extensión del aparato estatal hacia el último reducto que aún combina autonomía institucional, financiación mixta y selección por mérito en Colombia.
El precio lo pagará el contribuyente durante al menos tres lustros, con obligaciones presupuestales indexadas al PIB y un Icetex reconvertido en ventanilla de subsidios. Lo que se llama «democratizar el acceso» tiene un costo real que el proyecto no cuantifica y un riesgo igualmente real: que al eliminar el mérito como criterio de entrada se devalúe precisamente aquello que hace valiosa a la universidad pública. La libre empresa y la sociedad civil colombiana tienen razones fundadas para leer este proyecto con lápiz rojo en la mano.
