La escena lo dice todo. Un exministro de Salud que apoyó el plan de seguridad del Ejecutivo salió a poner frenos a uno de sus componentes más audaces: la propuesta de reforma constitucional que excluiría de prestaciones sociales —incluida la salud— a personas condenadas por delitos graves, violentos o ligados al crimen organizado.
Jaime Mañalich, dos veces titular de Salud durante los gobiernos del fallecido expresidente Sebastián Piñera, calificó la medida de «delicada» en entrevista con 24 Horas. No lo dijo para enterrar la agenda. Al contrario: fue explícito en que el plan de seguridad del Ejecutivo «es bienvenido, es necesario y que la gente lo valora enormemente». Pero sobre este punto específico, su diagnóstico fue quirúrgico.
El Estado como garante, incluso en presidio
El argumento central de Mañalich parte de una realidad operativa: cuando una persona está cumpliendo condena, ya no elige su médico ni puede acudir a un servicio de salud por cuenta propia. «Es el Estado, a través de Gendarmería, con un aparato bien sofisticado, el que está a cargo de la salud de los internos», explicó.
La propuesta, según el borrador constitucional dado a conocer por La Tercera, plantea restringir ese acceso durante el cumplimiento de la pena y extender la restricción hasta 15 años después de cumplida la condena. Es decir, una persona que salga de prisión podría quedar excluida de beneficios pagados por el Estado durante tres lustros adicionales.
Para Mañalich, elevar eso a rango constitucional «requeriría una serie de leyes interpretativas» y choca con acuerdos internacionales que Chile ya suscribió. «Chile no puede hacer lo que se le ocurra en la materia», advirtió, y pidió que la propuesta se perfeccione antes de llegar a una discusión legislativa.
El argumento de salud pública
Más allá de la dimensión jurídica, el exministro introdujo un ángulo que suele quedar fuera del debate político: las externalidades. La salud pública, recordó, no mira solo individuos; mira poblaciones.
Sus ejemplos fueron concretos. Si una persona adquiere sida durante su estadía en prisión y al salir no puede acceder al tratamiento que constituye una garantía explícita universal, el riesgo de contagio se traslada a la comunidad. Lo mismo aplica para tuberculosis o trastornos mentales documentados. «¿No va a recibir ningún tratamiento?», preguntó Mañalich, dejando la pregunta en el aire.
Esa lógica —que ignorar la salud del condenado puede costarle más caro al resto de la sociedad— es precisamente el tipo de cálculo que los redactores de la reforma deberán responder antes de que el texto avance.
«Único en el planeta»
La frase más contundente de la entrevista fue también la más geopolítica. Consultado sobre experiencias similares en otros países, Mañalich fue tajante: «Esto es único en el planeta. El nivel de sanciones, de cambios constitucionales que se está proponiendo en Chile, no existe en otra parte».
Esa novedad, advirtió, no es necesariamente una virtud. Generaría una discusión que «nos saca del foco» y podría atraer la intervención de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En otras palabras: una reforma pensada para endurecer el combate al crimen organizado podría terminar enredada en tribunales internacionales antes de producir un solo efecto práctico.
La lectura de Hemisferio
La tensión que expone Mañalich no es menor. Una agenda de seguridad creíble necesita instrumentos que resistan el escrutinio jurídico; de lo contrario, el mensaje político se evapora en los tribunales y el crimen organizado gana tiempo. El principio de que el Estado no debe financiar indefinidamente los beneficios de quienes lo atacan es legítimo y tiene respaldo ciudadano. Pero la ingeniería constitucional para materializarlo exige precisión: una norma que colisione con tratados internacionales no endurece el sistema, lo paraliza.
El verdadero costo no es solo jurídico. Si la propuesta se convierte en el centro del debate en lugar de las medidas operativas contra el crimen organizado, el Ejecutivo habrá gastado capital político en una batalla de principios cuando la ciudadanía pide resultados en las calles. Perfeccionar el texto antes de la discusión legislativa, como pide Mañalich, no es debilidad: es la diferencia entre una reforma que dura y un titular que se olvida.
