La escena lo dice todo. Una comunidad a 125 kilómetros de Santa Cruz, jóvenes que se marchan con la promesa de 16.000 dólares y familias que, semanas después, no saben dónde están sus hijos. Esa es la imagen con la que la Fiscalía de Bolivia abrió tres causas penales por trata de personas con fines de reclutamiento para conflictos bélicos.
El jueves, la fiscal superior en Razón de Género, Alejandra Rocha, confirmó que se activaron mecanismos de cooperación internacional para investigar los hechos. Los números son concretos: una víctima en el primer expediente, seis en el segundo y nueve en el tercero. Dieciséis bolivianos en total cuyo paradero es, en la mayoría de los casos, desconocido.
«En el primer caso tenemos una víctima, en el segundo caso 6 víctimas y en el tercer caso 9. Se está realizando toda la coordinación a nivel internacional con países de la región que también estarían involucrados en cuanto a sus ciudadanos y necesitamos establecer el modus operandi y el patrón que se estaría siguiendo», dijo Rocha.
La Fiscalía solicitó informes a Perú, Colombia, Venezuela y Rusia para establecer el paradero de los captados, identificar a los responsables y conocer las acciones que esos países han tomado ante hechos similares. Las gestiones se canalizaron a través de la Red Especializada en Trata y Tráfico de Personas (Redtram), que agrupa a los Ministerios Públicos de América Latina, y mediante la Cancillería boliviana, que activó los canales oficiales con la Embajada rusa en La Paz.
En el tercer caso ya se identificó a una persona que presuntamente actuó como intermediario o reclutador en Santa Cruz. De forma paralela, efectivos policiales se desplazaron a la comunidad de Rincón de Palometas, a unos 125 kilómetros de la capital cruceña, para recolectar información sobre la captación de personas en esa localidad.
El martes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, había anunciado una investigación de oficio tras las denuncias públicas de los familiares de dos jóvenes bolivianos que partieron a Rusia en abril con la promesa de esos 16.000 dólares y que, según sus familias, habrían fallecido. A partir de esas primeras denuncias surgieron nuevas declaraciones de otras familias con situaciones similares.
Las investigaciones iniciales se sustentan en las denuncias y la documentación presentada por los propios familiares, según precisó Rocha. La Embajada rusa en Bolivia, por su parte, sostuvo en un comunicado que «descarta de manera rotunda cualquier vínculo» con el reclutamiento mencionado y rechazó «categóricamente» las acusaciones «por carecer de fundamento alguno».
El caso boliviano no es el primero en la región. En abril se conoció la situación de unos 130 peruanos reclutados por Rusia para la guerra contra Ucrania, lo que sugiere un patrón que atraviesa fronteras y que las fiscalías latinoamericanas intentan ahora desarticular en conjunto.
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Para Hemisferio, los detalles cuentan la historia. Lo que emerge de Santa Cruz no es un incidente aislado: es la expresión más brutal de lo que ocurre cuando el aparato estatal falla en proteger a sus ciudadanos más vulnerables y cuando actores externos explotan esa brecha. La promesa de 16.000 dólares —una cifra que en economías golpeadas por años de populismo resulta difícil de rechazar— es el anzuelo de una operación que, según las investigaciones, involucra redes transnacionales que cruzan al menos cuatro países.
El principio en juego es elemental: la soberanía sobre los propios ciudadanos. Que jóvenes de una comunidad rural boliviana terminen en una guerra en el otro extremo del mundo, captados por intermediarios locales y transportados a través de rutas que aún se investigan, es un fracaso del orden que ningún gobierno de la región puede permitirse ignorar. La cooperación entre fiscalías es un paso necesario; la pregunta que queda abierta es si llegará a tiempo para los que ya partieron.
