La escena lo dice todo. Un ciudadano estadounidense llega a Medellín, abre una aplicación de citas y, sin saberlo, activa el protocolo de una banda que lleva meses perfeccionando su método contra extranjeros. El desenlace de Eric Fernando Gutiérrez Molina —auxiliar de vuelo, encontrado muerto en una zona boscosa del Suroeste antioqueño en marzo— tardó semanas en conocerse. Las capturas llegaron hasta Lima.
Las autoridades de Medellín informaron que tres personas señaladas de integrar el grupo conocido como «Los Goteros» fueron detenidas en operativos que cruzaron fronteras. Según la investigación, la banda seleccionaba principalmente a ciudadanos extranjeros a través de plataformas digitales de citas: creaban vínculos de confianza, concretaban encuentros y, presuntamente, suministraban sustancias que dejaban a las víctimas en estado de vulnerabilidad para robarles pertenencias y acceder a sus recursos económicos.
En el caso de Gutiérrez Molina, la investigación determinó que fue contactado mediante una aplicación de citas y se reunió con varias personas en un establecimiento nocturno de El Poblado junto a un acompañante. Después, todo el grupo se trasladó a un hotel donde, según las autoridades, le habrían suministrado una sustancia que lo dejó indefenso. El informe de Medicina Legal estableció que la causa de la muerte fue asfixia mecánica.
Mientras la víctima se encontraba en esa condición, los responsables habrían retirado dinero de sus cuentas bancarias y tomado una cadena de oro. Los objetos sustraídos estarían valorados en cerca de 30 millones de pesos. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado en un vehículo hasta una zona boscosa del corregimiento de Puente Iglesias, entre los municipios de Fredonia y Jericó, donde fue abandonado.
La investigación, desarrollada en conjunto por autoridades de Medellín y de Estados Unidos, fue extendiendo su radio hasta cruzar fronteras. Los detalles cuentan la historia: uno de los capturados, Andrés Felipe Peña Corrales, de 23 años, habría salido del país después del crimen. Primero viajó a Bogotá, luego pasó por Ecuador y llegó a Perú, donde fue ubicado gracias a la cooperación internacional con las autoridades peruanas y trasladado de regreso a Colombia. Está señalado por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.
También en Perú fue localizado William Olave Gamboa, de 31 años, quien permanecía oculto tras pasar igualmente por Ecuador. Según las autoridades, permanece retenido en Lima mientras avanzan los trámites para su regreso a Colombia. Enfrenta los mismos cargos que Peña Corrales.
En Colombia, un operativo en Montería, Córdoba, resultó en la captura de María del Carmen González, de 24 años. Las autoridades señalan que la mujer no estaría relacionada directamente con la muerte de Gutiérrez Molina, pero sí habría participado en la organización, especialmente en el retiro y movimiento de dinero obtenido mediante los robos a ciudadanos extranjeros.
La Policía informó que comenzarán investigaciones para determinar si existen más víctimas de esta modalidad de hurto. Además, queda abierta la posibilidad de que los tres detenidos sean extraditados a Estados Unidos por la muerte del auxiliar de vuelo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de marzo: un turista o visitante extranjero en Medellín no fue víctima de un crimen de oportunidad sino del eslabón final de una cadena organizada, con roles definidos, rutas de fuga trazadas y mecanismos financieros para lavar lo robado. Lo que el caso Gutiérrez Molina expone no es solo la brutalidad del crimen, sino la fragilidad del entorno de seguridad en zonas turísticas como El Poblado, donde el aparato estatal llega, con frecuencia, después del daño.
La cooperación con Perú y la presión de las autoridades estadounidenses fueron determinantes para avanzar en las capturas. Esa trastienda diplomática importa: sin ella, dos de los tres detenidos seguirían libres. La pregunta que queda sobre la mesa —cuántas víctimas más dejó esta banda antes de que alguien pusiera nombre y apellido al método— es, también, una pregunta sobre el costo real de tolerar estas estructuras en una ciudad que vive, en buena medida, del turismo y de la inversión extranjera.
