La escena lo dice todo. Mientras Iván Cazarín Molina, «El Tanque», era detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco, volvían a quedar bajo la lupa dos viejos nombres del expediente del huachicol: César Cazarín Molina, «El Tornado», y Domingo Medina Díaz, «El Mingo».
Autoridades estadounidenses sancionaron en septiembre de 2024 a ambos por su relación con la red de robo de hidrocarburo del Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. El Departamento del Tesoro documentó que, aun encarcelados, recibieron ganancias generadas por esa estructura. En el caso de «El Tornado», el señalamiento lo coloca como familiar de «El Tanque» y como parte de un entramado que siguió moviendo dinero desde prisión.
La captura de «El Tanque» reabrió las dudas sobre una red familiar que, según las autoridades estadounidenses, sostuvo durante más de una década el robo de combustibles en el sur del país. El vínculo no era marginal. El Tesoro ubicó a «El Tornado» como miembro fundador del CJNG y amigo cercano de Rubén Oseguera Cervantes, «El Mencho».
También documentó que su hermano le compartía las ganancias derivadas del robo de hidrocarburo pese a su encarcelamiento. Esa lógica se repitió con «El Mingo», identificado por la OFAC como suegro de «El Tanque» y señalado como integrante de un brazo armado del CJNG.
Los detalles cuentan la historia. La OFAC señaló además que «El Tornado» nació el 6 de febrero de 1980 en Veracruz, de acuerdo con su CURP, y que «El Mingo» nació el 19 de noviembre de 1961 en Guerrero. Ambos ya estaban sentenciados cuando Estados Unidos volvió a ubicarlos dentro de la cadena de beneficios del huachicol.
En junio de 2024, un juez federal sentenció a «El Tornado» y a «El Mingo» a 60 años de prisión junto con otros seis integrantes del CJNG. El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, con sede en Puente Grande, dictó la condena. Los delitos fueron secuestro, portación de arma de fuego sin licencia, portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
El proceso se originó en la detención de octubre de 2012 en Zapopan. Ahí, la policía de Jalisco detuvo a «El Tornado» junto con otras siete personas que portaban armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. El grupo mantenía a una persona secuestrada en el momento del operativo.
Antes de eso, el 21 de marzo de 2010, elementos de la IX Región Militar lo detuvieron en un narcolaboratorio ubicado en Cocula, Jalisco. Luego, el 10 de julio de 2013, operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina lo capturaron otra vez en cateos en Zapopan y Tlajomulco, junto con «El Mingo», identificado entonces como su escolta.
En ese expediente aparece otra capa de la trama familiar. La OFAC señaló en 2024 a Jahir Cazarín Ramos, hijo de «El Tornado» y sobrino de «El Tanque», como testaferro y directivo en empresas relacionadas con el combustible que formaron parte de la estructura delictiva.
La investigación estadounidense también vinculó a «El Tornado» y a «El Tanque» con el derribo de un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana ocurrido el 1 de mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco. La aeronave fue atacada presuntamente con un lanzacohetes durante un operativo contra «El Mencho», y el ataque dejó ocho militares y un policía federal muertos.
La FGR no precisó si la condena de 60 años correspondió únicamente a la detención de 2012 o si acumuló otros procesos derivados de las capturas posteriores de 2013 y 2015. Pero el dato central ya quedó claro: incluso desde prisión, la red siguió repartiendo dinero.
Y ahí está el desenlace incómodo. Cuando una estructura criminal logra que sus ganancias sigan fluyendo desde la cárcel, el problema no es solo del CJNG. Es también del Estado que no logra cerrar la llave. El huachicol no es una anécdota de policías y camionetas; es una fuga de riqueza que lastima la propiedad, distorsiona incentivos y premia la impunidad.
Para cualquier país que aspire a orden y libre empresa, el mensaje es duro. Si el aparato de justicia permite que las redes sigan cobrando desde el encierro, la sanción pierde filo y el castigo deja de ser disuasivo. La batalla por el combustible no solo se libra en ductos y carreteras. También se juega en las prisiones, donde el dinero ilícito encontró demasiadas veces otra puerta abierta.
