La escena lo dice todo. Un centro de detención en Guantánamo Bay, anunciado en enero de 2025 como el gran símbolo de la política migratoria de Donald Trump, opera con menos del 2% de sus camas ocupadas. El costo anual: 73 millones de dólares del contribuyente, según reportó CBS News en mayo. Esa es la trastienda de la ambiciosa nueva expansión que la administración acaba de poner sobre la mesa.
Documentos publicados el viernes pasado muestran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha lanzado una solicitud de propuestas de construcción para ampliar o edificar instalaciones de detención en hasta 14 ubicaciones distintas dentro del territorio estadounidense y sus posesiones. La lista incluye Port Isabel, Texas —donde la expansión está confirmada—, Miami, Honolulu, Florence en Arizona, Batavia en Nueva York, Broadview en Illinois, Oakdale en Luisiana, El Paso y Huntsville en Texas, Aguadilla en Puerto Rico, y los casos más llamativos: una nueva instalación en Guantánamo Bay y otra en St. Thomas, en las Islas Vírgenes, territorio que actualmente no cuenta con ningún centro de ICE. También figura la reactivación del centro de El Centro, California, cerrado en 2014.
El contrato, según los documentos, se espera adjudicar antes de finales de septiembre. ICE ha fijado un techo de gasto de 10.000 millones de dólares para las expansiones. Cada edificio nuevo —todos comparten el mismo plano: una estructura de una planta con 26 celdas de detención, cámaras de seguridad en cada celda y tres duchas compartidas— está estimado entre 24 y 40 millones de dólares.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de enero de 2025, cuando Trump prometió que Guantánamo tendría «30.000 camas» para albergar a «los peores delincuentes ilegales». La realidad, meses después, es una instalación con alrededor de 400 camas y una tasa de ocupación marginal. La brecha entre el anuncio y la ejecución ha sido constante: el Congreso apropió más de 100.000 millones de dólares para acelerar arrestos y deportaciones, pero ICE gastó 1.000 millones en la compra de casi una docena de bodegas comerciales que intentó convertir en centros de detención. La mayoría de esos proyectos está paralizada por demandas que cuestionan el impacto ambiental en comunidades locales.
En abril, un juez federal detuvo la construcción de un centro en Williamsport, Maryland, por graves problemas de alcantarillado. Litigios similares avanzan en Arizona, Nueva Jersey y Michigan. Según reportó el New York Times, la agencia ha tenido que vender o ceder siete de esas bodegas.
Mientras tanto, la presión operativa es real. ICE detiene actualmente a más de 60.000 personas, de acuerdo con datos del organismo de control Transactional Records Access Clearinghouse. El hacinamiento en las instalaciones existentes ha generado una serie de incidentes documentados en el último año: un brote de sarampión, alimentos vencidos, fallas en los sistemas de aire acondicionado y denuncias de negligencia médica. La administración, según una fuente cercana al asunto que habló con TIME, fijó recientemente una nueva meta de 2.000 arrestos diarios, después de no haber alcanzado el objetivo anterior de 3.000 arrestos por día.
Los detalles cuentan la historia. El plan de expansión dice que avanzará «si es del mejor interés del gobierno», una cláusula que resume el estado de incertidumbre que rodea toda la operación.
Lo que está en juego es un principio elemental de gestión del dinero público: la eficacia antes que el simbolismo. Una política migratoria firme —y Hemisferio no discute la legitimidad de controlar las fronteras y detener a quienes ingresan ilegalmente— exige que cada dólar del contribuyente produzca resultados medibles. Gastar 73 millones anuales en una instalación casi vacía, paralizar 1.000 millones en bodegas inutilizables y lanzar una nueva ronda de construcción por hasta 10.000 millones sin resolver los obstáculos legales previos no es rigor ejecutivo: es burocracia cara con estética de dureza. La expansión puede tener sentido si la demanda de camas es real y los contratos se adjudican con disciplina fiscal. Pero el historial reciente obliga a hacer la pregunta incómoda: ¿quién rinde cuentas cuando el aparato estatal gasta a esta escala y entrega tan poco?
