La escena lo dice todo. En mayo de 2025, Solange Tenorio Eitel asumió la rectoría de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE), la institución que nació en 1889 durante la presidencia de José Manuel Balmaceda con un mandato preciso: formar profesores. Cuatro décadas después de haber ingresado como estudiante de Educación Diferencial en esa misma sede de Macul, Tenorio regresa al punto de partida con un diagnóstico incómodo y una agenda de expansión que va más allá de las pedagogías.
Su trayectoria es, en sí misma, un argumento. Magíster en su especialidad, doctora en Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile, dos veces decana de la Facultad de Filosofía y Educación antes de dar el salto a la rectoría. ADN 100% UMCE, como ella misma describe. Ahora conduce la institución hasta 2029 y no esconde la frustración acumulada.
«Ninguno de los últimos gobiernos ha tomado el toro por las astas para mejorar la educación», afirma Tenorio. La frase no distingue colores políticos ni administraciones. Es una acusación transversal: la política pública ha fallado de manera sistemática en elevar la educación al rango de prioridad nacional.
Los detalles cuentan la historia. La crisis de matrícula en pedagogía no es un fenómeno local: Tenorio reconoce que «la baja ha sido considerable» a nivel mundial y que «faltan muchos profesores en el sistema». En Chile, la UMCE ha intentado compensar esa tendencia con vías de acceso alternativas —el Programa PACE, el programa de atracción de talento pedagógico, el propedéutico— que buscan captar estudiantes con vocación antes de que la universidad siquiera aparezca en el horizonte. El problema, advierte, es que el PACE está en evaluación presupuestaria y su continuidad no está garantizada.
Más allá del acceso, la rectora identifica un problema de fondo que ningún bono ni ajuste de puntaje de ingreso puede resolver: la pérdida de autoridad del docente en el aula, la carga administrativa que sofoca el tiempo pedagógico, la escasez de acompañamiento en los primeros años de ejercicio y, sobre todo, un sistema que «no ha reconocido el valor que tiene ser profesor». El resultado es predecible: los jóvenes más capaces miran hacia otras carreras.
La solución que propone Tenorio no es ideológicamente neutral, pero sí es concreta. Un buen sueldo desde el primer año —sin esperar «varios años para tener un sueldo digno»—, prestigio social, reconocimiento de trayectorias diversas dentro de la carrera docente y una revisión de la ley que regula esa carrera. En paralelo, reclama para la UMCE un financiamiento basal más directo por parte del Estado, en lugar del modelo actual atado a la demanda, que obliga a la universidad a competir por gratuidad y fondos de investigación en igualdad de condiciones con instituciones de distinta naturaleza. «Eso hace muy difícil proyectar la universidad a largo plazo», señala.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de mayo. Tenorio asume en un momento en que la agenda pública está dominada por seguridad, economía y una larga lista de urgencias que desplazan a la educación del centro del debate. Las familias chilenas, dice, se preocupan por la educación de sus hijos, pero esa preocupación no se traduce en presión política efectiva. El resultado es una brecha entre lo que la sociedad demanda y lo que el Estado financia.
Desde Hemisferio, el cuadro merece una lectura sin eufemismos. Un país que aspira al desarrollo y descuida la formación de quienes forman a sus ciudadanos está apostando mal. El modelo de financiamiento universitario ligado a la demanda —donde una institución de misión pública compite en las mismas condiciones que cualquier otra— es, en el mejor de los casos, una distorsión de incentivos. En el peor, una receta para el deterioro lento de una función que el mercado solo no puede proveer.
Lo que Tenorio describe no es una demanda de gasto sin criterio: es la exigencia de que el Estado reconozca dónde está invirtiendo y dónde está ahorrando a costa del futuro. Que ningún gobierno reciente haya respondido a esa pregunta con una política integral no es un accidente administrativo. Es una elección. Y las elecciones, tarde o temprano, presentan su factura.
