La escena lo dice todo. Durante la semana pasada, el Capitolio Nacional se convirtió en vitrina de promesas: los diez aspirantes a la Contraloría General desfilaron ante Cámara y Senado para hablar de tecnología fiscal, contralorías territoriales y «elefantes blancos». Todos prometieron ser el contralor que no se deja tocar por nadie. Lo que no se escuchó en esos recintos fue la trastienda: las polémicas, los padrinos y los cálculos que en realidad decidirán la votación.
El próximo miércoles 12 de agosto, los 286 congresistas reunidos en pleno y en votación secreta elegirán al titular de la entidad con mayor responsabilidad sobre los recursos del Estado, por los próximos cuatro años. Según fuentes consultadas por El Colombiano en el Legislativo, la contienda se ha ido decantando hacia un empate entre dos nombres: Andrés Castro y Jorge Eliécer Laverde.
Los protagonistas y sus sombras
Andrés Castro llega con una trayectoria que incluye su paso como contralor de Bogotá, contralor delegado para el sector Justicia y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Fuentes consultadas por ese diario aseguran que ha buscado acercamientos con sectores progresistas, aunque también es identificado por su cercanía con el excontralor Felipe Córdoba. Su «pero» entre congresistas: es visto como «muy de Bogotá».
Jorge Eliécer Laverde, por su parte, construyó su capital político durante más de una década como secretario de la Comisión Sexta del Senado, tejiendo relaciones con bancadas de distinto signo. Contaría con el respaldo de la dirección del Partido Liberal, según fuentes políticas. Su «pero»: es visto como «muy de los liberales». Pero Laverde arrastra además un expediente incómodo: una denuncia de acoso que hizo pública la exsenadora María José Pizarro —que él ha rechazado— y una relación política que, según una investigación de Vorágine, lo vincularía a la sombra del hoy condenado excongresista liberal Mario Castaño, protagonista del escándalo de «Las Marionetas».
Ambos candidatos, según las fuentes, buscarían construir la misma imagen que llevó al procurador Gregorio Eljach a la cabeza del Ministerio Público: una figura «amable con todos», que genere confianza transversal entre bancadas de derecha, centro e izquierda sin comprometerse abiertamente con ninguna. Y, de hecho, ambos tendrían el respaldo del propio Eljach.
Los que perdieron fuerza
Hace apenas unas semanas sonaban otros nombres. Ana Monsalvo Herrera, coordinadora en el empalme de Abelardo de la Espriella, llegó a ser vista como candidata con el guiño del Gobierno, aunque su cercanía con la familia Gnecco —fue contratista en la Gobernación del Cesar de Luis Alberto Monsalvo Gnecco— la puso bajo la lupa. Según fuentes consultadas, esa opción se apagó. «El Gobierno no se va a dar la pela por nadie», dijo una fuente enterada.
El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga también venía sumando apoyos, pero esa fuerza se desinflό. La explicación que circula entre congresistas apunta a un mensaje informal —no oficial— desde el entorno del Gobierno entrante. El ministro del Interior (d) Rodrigo Lara dijo públicamente que el proceso era de autonomía del Congreso, pero ha corrido el rumor de cierto «veto» tácito contra el nombre de Zuluaga. Además, el vicecontralor ha sido cuestionado públicamente por presuntamente haber presentado un diploma de la Universidad de Pittsburgh como título de posgrado sin que este tuviera esas características, según investigaciones del medio Casa Macondo.
Detrás de esa cautela del Gobierno, consideran algunos analistas, podría haber un cálculo político más amplio: el temor a repetir la derrota sufrida en la elección de la presidencia del Senado. Hace cuatro años, según la misma fuente, Gustavo Petro habría estado a favor de Carlos Hernán Rodríguez, un candidato que no representaba a sus adversarios.
El nombre que acecha en silencio
Entre los dos punteros aparece un tercer candidato que gana terreno de forma casi silenciosa: Luis Enrique Abadía, quien obtuvo el puntaje más alto en el examen de méritos. «No le cae mal a nadie, no le estorba a nadie», describió un congresista a El Colombiano. Algunos consideran que su nombre podría sorprender el día de la votación.
Los detalles cuentan la historia. La Contraloría General es el aparato estatal encargado de vigilar que el dinero de los contribuyentes colombianos no se dilapide ni se desvíe. Que su titular se elija mediante negociaciones a puerta cerrada, con padrinos políticos, rumores de veto y candidatos con expedientes cuestionados, dice mucho sobre el estado del control fiscal en el país. El libre mercado y la inversión privada necesitan instituciones de vigilancia creíbles, no fichas de ajedrez parlamentario. Quién gane el 12 de agosto no será solo un nombre: será la señal de qué tan en serio toma el nuevo Gobierno la independencia de los órganos de control.
