La escena lo dice todo. En la ceremonia de investidura, la ministra María Pía Silva tomó la palabra y fijó el rumbo con una frase que, en el Chile de hoy, suena casi a declaración de principios: «el control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico y se ejerce desde razones de orden normativo, conforme a una metodología propia de las ciencias jurídicas».
La nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC) ejercerá el cargo durante un año; su período como integrante del tribunal expira en 2027. Llegó al puesto reconociendo la labor de sus dos antecesoras, a quienes atribuyó mérito por recomponer el clima interno, modernizar procesos y abrir la institución a la ciudadanía. El diagnóstico de partida, en sus propias palabras, es que el tribunal llega a esta etapa «fortalecido».
Pero el contexto en que esas palabras se pronunciaron no es menor. El TC vuelve a estar bajo presión. La oposición ha recurrido a la instancia para impugnar aspectos centrales de los proyectos más emblemáticos del gobierno: ya ocurrió con la ley de Escuelas Protegidas, donde los integrantes del tribunal se dividieron y el fallo terminó favoreciendo las pretensiones opositoras por el voto dirimente de la entonces presidenta. Y el siguiente capítulo ya está anunciado: el proyecto de ley sobre Reconstrucción Nacional, en el que se buscará declarar inconstitucional la invariabilidad tributaria.
La paradoja es difícil de ignorar. Los mismos sectores de izquierda que durante años reprocharon a la derecha usar el TC como palanca para derribar proyectos del gobierno —al margen de lo que resolviera el Congreso— recurren hoy, desde el oficialismo, a la misma crítica cuando la oposición activa esa vía. El reproche cambia de bando según quién gobierne. Lo que no debería cambiar, en teoría, es la naturaleza del tribunal.
Silva lo sabe. Por eso su discurso insistió en que el TC «sirve a la Constitución y al ideal democrático garantizando el orden institucional a través de sus sentencias», y que eso implica no solo interpretar normas sino también «escuchar e interactuar con la comunidad nacional». El equilibrio entre autoridad jurídica y legitimidad social es, precisamente, el filo sobre el que deberá caminar.
Los detalles cuentan la historia. El fallo sobre Escuelas Protegidas dejó una estela de aprensiones: el TC invocó preceptos contenidos en instrumentos internacionales que no son de carácter obligatorio, así como sentencias de la Corte Suprema, en lugar de profundizar en sus propios razonamientos constitucionales. Para una institución cuya autoridad descansa en la coherencia y autonomía de su doctrina, ese es un camino resbaladizo. Cualquier percepción de alineamiento con un sector político —de cualquier signo— erosiona la única moneda que el tribunal tiene: su credibilidad como árbitro imparcial.
La tarea que tiene por delante Silva es, por tanto, doble. Hacia afuera, resistir la instrumentalización de quienes ven en el TC una herramienta de bloqueo o de avance político según las circunstancias. Hacia adentro, consolidar una jurisprudencia que se sostenga en razones normativas propias, sin muletas externas que generen dudas sobre la independencia del razonamiento.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El debate sobre la invariabilidad tributaria que se avecina no es un tecnicismo menor: afecta directamente la seguridad jurídica de quienes invierten en Chile bajo el supuesto de que las reglas del juego no cambian a mitad del partido. Si el TC termina pronunciándose sobre ese punto, la calidad de su argumentación será observada con lupa por los mercados y por los actores económicos que hoy evalúan si Chile sigue siendo un destino predecible para el capital.
Hemisferio observa en el discurso de Silva una señal que merece ser tomada en serio: la reivindicación explícita del control jurídico por encima del político es exactamente lo que un Estado de derecho funcional requiere de su tribunal constitucional. El principio en juego no es ideológico; es estructural. Un TC que falla según la presión del momento deja de ser un contrapeso y se convierte en una variable más del juego partidario. Eso no beneficia a ningún sector —ni siquiera al que crea ganar en el corto plazo—, pero sí perjudica a todos los ciudadanos que dependen de instituciones predecibles para tomar decisiones, invertir y construir. La nueva presidenta tiene la palabra. Y, por ahora, las palabras correctas.
