Para entender el presente hay que volver a esa semana de diciembre de 2005.
El 9 de diciembre de ese año, el noticiero de Carlos Loret de Mola en Televisa transmitió en vivo la detención de Israel Vallarta y la ciudadana francesa Florence Cassez, acusados de pertenecer a la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco. Lo que se difundió, según el columnista Raymundo Riva Palacio en El Financiero, no fue un montaje sino una recreación de hechos ya ocurridos, y la pantalla incluía mensajes en la parte inferior —los llamados «súper»— que informaban cuántas personas secuestradas había en la propiedad y cuántas habían sido detenidas.
Ese detalle técnico no impidió que la acusación de «montaje» persiguiera a Loret durante más de dos décadas. El caso Cassez acumuló capas políticas: se convirtió, según Riva Palacio, en un instrumento electoral del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, provocó un enfrentamiento diplomático con Felipe Calderón —quien se negó a extraditar a Cassez bajo la Convención de Estrasburgo— y fue cerrado políticamente entre François Hollande y Enrique Peña Nieto con la participación de la Suprema Corte. Fue el ministro Arturo Zaldívar quien construyó el argumento del «efecto corruptor»: que la mediatización de la detención había alterado el debido proceso. Ese concepto, señala el columnista, nunca volvió a aplicarse en ningún otro caso.
Lo que sí quedó documentado es que Luis Cárdenas Palomino, entonces director general de Investigación de la Agencia Federal de Investigaciones, sí violó el debido proceso. Fue detenido en 2021 por el delito de tortura contra Vallarta y Cassez, entre otros señalados como integrantes de Los Zodiaco.
Ahora el caso regresa, con nuevos protagonistas y una geometría diferente.
Según Riva Palacio, la presidenta Claudia Sheinbaum habría pedido a Jesús Ramírez Cuevas —figura central en la comunicación del movimiento de Andrés Manuel López Obrador desde antes de su presidencia— que se sume a una estrategia de respaldo jurídico gubernamental a Vallarta para que demande a Loret y a Ciro Gómez Leyva por daño moral. La responsable de alinear a los jueces en contra de los periodistas sería, según la columna, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
El columnista señala además a Azucena Pimentel, productora de Loret el día de la transmisión de 2005, quien —según Riva Palacio— sabía perfectamente lo ocurrido y que a partir de 2018 fue nombrada directora general de Producción en Comunicación Social de la Presidencia, bajo las órdenes de Ramírez Cuevas. Pimentel, apunta la columna, habría alimentado por omisión o comisión la campaña contra su excolega.
Vallarta expuso públicamente su intención de demandar a Loret durante un foro organizado y encabezado por la secretaria Rodríguez, donde se presentó como víctima de «un montaje». También anunció acciones contra Gómez Leyva y otros medios, a quienes acusa de haber mantenido una narrativa que lo presentaba como culpable. Gómez Leyva, recuerda Riva Palacio, les había dado espacio a lo largo de los años a las víctimas Cristina Ríos Valladares y Ezequiel Elizalde, quienes nunca dejaron de señalar la participación de la pareja en sus secuestros.
La columna precisa que se desconoce si Vallarta está al tanto de la instrucción presidencial, y también por qué, si la disposición existía desde su liberación, la autorización del plan llegó apenas en las últimas dos semanas —justo en el momento de mayor tensión entre el gobierno y los medios por la iniciativa de la Ley de Audiencias, preparada, según Riva Palacio, por el comisario político José Merino y por Ramírez Cuevas.
Los detalles cuentan la historia.
Lo que describe Riva Palacio no es un litigio privado entre un ciudadano agraviado y dos periodistas: es, según su columna, el aparato estatal puesto al servicio de una demanda civil para presionar a voces críticas del régimen. Si la reconstrucción es exacta, la Secretaría de Gobernación —con recursos del contribuyente y con capacidad de influir sobre el Poder Judicial— operaría como palanca jurídica contra la prensa independiente.
El principio en juego es elemental: en un Estado de derecho, el gobierno no elige a qué litigante respalda en función de si el periodista demandado incomoda al poder. Cuando el aparato gubernamental se convierte en instrumento de litigación selectiva contra periodistas, el daño no se limita a Loret o a Gómez Leyva. Se extiende a cualquier redacción que calcule, antes de publicar, el costo de tener al Estado como adversario en los tribunales. Eso tiene nombre: efecto inhibidor. Y esa, según la columna, es precisamente la meta.
