Para entender el presente hay que volver a ese dato: uno de cada dos agresores identificados contra la prensa en América Latina y el Caribe en 2025 fue estatal. No un grupo criminal, no un anónimo en redes. El Estado.
La cifra proviene del Informe Sombra sobre la Libertad de Prensa en América Latina 2025, elaborado por la Red Voces del Sur (Red VDS), y resume con precisión quirúrgica lo que cuatro de los estudios más citados de la industria describen como una crisis sin precedentes. El Digital News Report 2026 del Reuters Institute, el informe sobre el Estado del Desarrollo de los Medios 2025 de la DW Akademie, el propio Informe Sombra y el Índice de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras (RSF) convergen en el mismo diagnóstico: el periodismo independiente en la región está acorralado por tres frentes simultáneos — la asfixia económica, la violencia institucional y la irrupción de la inteligencia artificial.
Los números del Informe Sombra son lapidarios: en 2025 se documentaron 2.484 alertas que afectaron a 3.230 víctimas en 17 países de la región. De esas alertas, 279 estuvieron relacionadas con restricciones al acceso a información pública y 190 con hostigamiento judicial. No se trata de episodios aislados sino de una arquitectura de presión sostenida.
RSF va más lejos. Su edición 2026 es, según el propio organismo, «la más sombría desde su creación». El informe afirma textualmente que «por primera vez en la historia de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, más de la mitad de los países del mundo se encuentran en una situación difícil o muy grave». En 25 años de ranking, la puntuación media nunca había sido tan baja. Para las Américas en particular, RSF documenta «un cambio significativo a peor», con el descenso de siete puestos de Estados Unidos y el desplome de varios países latinoamericanos «sumidos en una espiral de violencia y represión».
Daniel Dessein, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), describe el cuadro económico con una imagen precisa: «Los ingresos digitales suben lentamente por una escalera y los ingresos tradicionales bajan rápidamente en un ascensor. Con la irrupción de la inteligencia artificial, los ingresos digitales también caen». A esa presión financiera se suma, según Dessein, «la expansión de un discurso extraordinariamente agresivo que intenta deslegitimar al periodismo», un fenómeno que aparece tanto en dictaduras como Cuba y Nicaragua como en presidencias surgidas de elecciones libres.
El caso colombiano concentra algunas de las señales más graves. La Red VDS documentó el desplazamiento forzado de 22 periodistas debido a la estigmatización del entorno. Werner Zitzmann, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI), lo describe sin rodeos: «El deterioro en todos los indicadores de libertad de prensa en Colombia es verdaderamente lamentable y uno de los más significativos en la región en los últimos años». Según Zitzmann, la situación se desprende «principalmente de la muy articulada implementación de una narrativa oficial liderada por el actual presidente, para denigrar el oficio periodístico de los medios privados que supervisan y denuncian, señalándolos de servir a intereses particulares». El directivo advierte que esa estigmatización ha generado «no solamente un ideario de rechazo al periodismo, sino violencia hacia ellos, lo cual usufructúan muy especialmente los grupos criminales en las zonas rurales del país».
En el frente tecnológico, el Reuters Institute registra un punto de inflexión: por primera vez, las redes sociales y plataformas de video (54%) superan a los sitios y aplicaciones de noticias (51%) como principal puerta de acceso a la información. La «plataformización» del consumo informativo no es una tendencia futura; es el presente que los medios deben enfrentar mientras sus modelos de negocio se desmoronan.
La escena lo dice todo. Cuando el principal agresor de la prensa es el propio aparato estatal y cuando la inteligencia artificial erosiona los últimos ingresos que sostenían la transición digital, el periodismo independiente queda sin red de protección. Lo que está en juego no es solo la viabilidad financiera de las redacciones: es la existencia de un contrapoder capaz de documentar lo que los gobiernos prefieren que no se documente.
Para Hemisferio, la lectura es directa. Allí donde el Estado se convierte en agresor de la prensa — sea mediante litigios intimidatorios, narrativas de deslegitimación o el uso de grupos criminales como brazo ejecutor — no hay libre empresa posible, no hay propiedad privada segura y no hay ciudadanía informada capaz de ejercer su voto con conocimiento de causa. La crisis del periodismo latinoamericano no es un problema sectorial. Es el síntoma más visible del retroceso del Estado de derecho en la región.
