La escena lo dice todo. Un servidor público condenado, o señalado por peculado, aparece en una encuesta como candidato viable. Nadie en la sala lo dice en voz alta, pero el mensaje llega solo: en Panamá, las reglas existen para otros.
Ese es el diagnóstico que plantea una columna de opinión publicada en La Prensa de Panamá, y que merece leerse con atención porque toca un nervio real de la vida política del istmo. El argumento central es sencillo y brutal: la ausencia de corrección —en el hogar, en la escuela, en los tribunales— ha producido una cultura donde la traición y el «dinero fácil» se exaltan, mientras quienes hacen cumplir la ley quedan retratados como los antagonistas del relato.
El inventario de los males
La columna enumera con precisión quirúrgica las prácticas que se han normalizado en la política panameña: peculado, sobreprecios, contratos directos adjudicados a empresas de socios, nombramientos de familiares, conflictos de interés ignorados y uso del aparato judicial como instrumento de persecución política. No son acusaciones contra personas concretas; son patrones que, según el texto, «se incrementan cada vez más en nuestra cultura criolla».
A esa lista se suman los privilegios que el Estado garantiza a sus propios operadores: vehículos exentos de impuestos, gasolina gratuita, ausencias sin descuento salarial, capacidad de designar familiares en cargos públicos. El contraste que subraya el autor es deliberado: esos mismos beneficiarios del erario regresan después a las calles a solicitar la reelección de ciudadanos que reciben pensiones insuficientes, pagan alimentos caros y sostienen un sistema educativo deficiente.
El cortocircuito democrático
Lo más inquietante del análisis no es la corrupción en sí —ese es un mal conocido— sino la mecánica que la perpetúa. La democracia, señala el texto, se ha convertido en «una pantalla» cuando las decisiones que produce se alejan sistemáticamente de los intereses de las mayorías. El lenguaje democrático se conserva; el contenido, no.
Ese cortocircuito tiene una lógica perversa: si los partidos tradicionales son cómplices del sistema y la justicia no aplica penas a quienes fueron servidores públicos, el votante queda atrapado entre opciones que reproducen el mismo esquema. La columna apunta a esa complicidad —de partidos y de tribunales— como condición necesaria para que el ciclo continúe.
Para entender el presente hay que volver a esa semana, o a ese ciclo electoral, en que figuras con antecedentes judiciales encabezan intenciones de voto. La pregunta que lanza el texto no es retórica: ¿cómo pueden representarnos quienes actúan en contra de los intereses de todos? La respuesta implícita es que pueden hacerlo porque una parte del electorado lo permite, seducida —dice el autor— por «su mal trabajo» disfrazado de cercanía o de rebeldía.
El costo para el contribuyente
Hay una dimensión que la columna toca de manera tangencial pero que merece subrayarse: todo este sistema tiene un precio fiscal concreto. Los privilegios de la clase política —exenciones, salarios sin descuento, nepotismo— se financian con el dinero de los contribuyentes. Cada contrato directo sobrevaluado es un drenaje sobre recursos que podrían ir a pensiones, educación o infraestructura. La corrupción no es solo un problema ético; es una política tributaria regresiva que cobra a los de abajo para subsidiar a los de arriba.
La lectura de Hemisferio
El texto de La Prensa describe con claridad un fenómeno que no es exclusivo de Panamá, pero que en el istmo adquiere una urgencia particular dada la centralidad del país en el comercio global y la inversión regional. Un Estado capturado por redes clientelares no solo daña a sus ciudadanos: erosiona la confianza jurídica que necesita cualquier economía abierta para funcionar. La estabilidad del Canal, la atracción de inversión y la posición de Panamá como hub financiero dependen, en última instancia, de instituciones que apliquen las reglas por igual.
Lo que está en juego no es solo moral, aunque la dimensión moral importa. Es la pregunta de si Panamá puede sostener un modelo de libre empresa y apertura económica sobre una base política que premia la impunidad. La respuesta, si el ciclo no se rompe, la conocemos de antemano: la historia, como advierte el propio texto, tiende a repetirse.
