Who is responsible for each ton of carbon emissions? Esa pregunta, que parece técnica, está en el centro de una pelea que puede cambiar desde las regulaciones climáticas hasta las decisiones de compra de energía de las empresas.
La escena lo dice todo. En Aspen, Colo., Justin Worland cuenta que una conversación abierta con directivos puede volverse tensa en el momento en que aparece el tema del «carbon accounting». La discusión suele apagar sonrisas y abrir guardias. No es casual: lo que está en juego es cómo se mide, se reparte y se atribuye la responsabilidad por las emisiones.
Worland describe el carbono contable como uno de los temas más enredados del mundo climático. Y, sin embargo, detrás del lenguaje técnico hay una cuestión de fondo: quién responde por cada tonelada emitida. La respuesta, según plantea, terminará influyendo en todo, desde la regulación hasta las compras corporativas de energía.
El reportaje se apoya en un informe del Aspen Institute que recoge una cumbre de varios días realizada en febrero con actores clave del sector: académicos, ONG y voces de la industria. El encuentro fue a puerta cerrada y terminó con una suerte de tregua, con promesas de cooperación, aunque las diferencias de fondo siguieran sin resolverse.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Durante más de dos décadas, el Greenhouse Gas Protocol, o GHGP, se ha consolidado como el estándar global de facto. Su método divide las emisiones en tres categorías: alcance 1 para emisiones directas de las operaciones de una empresa, alcance 2 para electricidad, calor y refrigeración comprados, y alcance 3 para las emisiones de la cadena de valor. Ese esquema ha dado forma a guías, regulaciones y certificaciones de otros organismos.
Pero el sistema no está cerrado ni libre de críticas. Un número creciente de actores, especialmente empresas, pide cambios de distinto alcance. Las diferencias son tanto técnicas como filosóficas.
Entre los puntos técnicos está el periodo de tiempo que se usa para emparejar el consumo de electricidad con la compra de energía limpia: por hora o por año. También pesa el grado en que el sistema depende de estimaciones y no de mediciones reales. En el fondo, sin embargo, la pregunta es otra: quién debe ser considerado responsable.
Quienes defienden el esquema actual sostienen que los reportes de alcance 2 y alcance 3 han impulsado acciones voluntarias por parte de las empresas. En particular, las reglas de alcance 2 dan a las compañías una vía clara para reclamar crédito por la electricidad limpia que compran. Esa previsibilidad, dice Worland, ayudó a disparar un auge de contratos de energía renovable de largo plazo, conocidos como contratos de compra de energía.
La previsibilidad importa. Aunque en teoría podría diseñarse un sistema mejor, el GHGP está arraigado. Un reemplazo, advierte el propio reportaje, podría tardar décadas en lograr una adopción amplia.
Las críticas no son menores. El GHGP permite el «double-counting», es decir, que varias empresas contabilicen las mismas emisiones bajo diferentes alcances. El ejemplo del acero en un edificio lo resume: el productor del acero, la constructora y el dueño del inmueble terminan siendo, técnicamente, responsables por esas emisiones.
Ahí entra la alternativa que gana terreno: los «e-ledgers». Nacida en la academia y respaldada ahora por una coalición de actores empresariales, esta propuesta contabiliza cada unidad de emisiones una sola vez y la transfiere a medida que un producto avanza por la cadena. Tiene ventajas reales, reconoce Worland: incentiva a las empresas a descarbonizar sus propias operaciones y les da datos de alta calidad para la compra de insumos.
Pero también tiene límites. En Aspen se señaló que sería difícil de implementar y que solo funciona de verdad si cada actor de la cadena participa.
La división más aguda aparece cuando se trata de las emisiones generadas al usar un producto. Bajo el GHGP, en el alcance 3, una petrolera contabiliza las emisiones de cada galón de gasolina que quemen sus clientes. Esa es la principal razón del tamaño de su huella de carbono. El e-ledger funciona de otro modo: las emisiones viajan con el producto y la responsabilidad recae en quien lo quema. Eso deja a los consumidores con una carga mayor, incluso si tienen poca influencia sobre el sistema más amplio.
La propuesta de e-ledger se instaló en el debate público a partir de una serie de artículos muy difundidos desde 2021. Y en 2025, una coalición de compañías, entre ellas ExxonMobil y BlackRock, apoyó el lanzamiento de una alianza empresarial para promover ese enfoque.
También hay un cambio de clima político detrás de esta discusión. Worland señala que la presión por reformar el sistema llega cuando el tema climático ha retrocedido desde una posición central. Eso vuelve todavía más incierto el desenlace: hay un estándar dominante, hay críticas crecientes y hay una industria que quiere reglas distintas, pero no existe aún un consenso sobre cómo repartir la responsabilidad.
El giro importa porque no se trata solo de formularios o metodologías. Se trata de incentivos, de propiedad sobre los datos y de quién termina pagando la transición. Si el sistema actual favorece la acción voluntaria y la previsibilidad empresarial, sus críticos ven allí también una zona gris que diluye responsabilidades. Si el modelo alternativo corrige el doble conteo, también traslada peso hacia el consumidor y exige coordinación total a lo largo de la cadena.
En esa tensión se juega una parte importante de la futura arquitectura climática. Para una economía de mercado, la pregunta no es menor: cuándo medir, a quién atribuir y quién asume el costo real de cada tonelada. Los detalles cuentan la historia.
