La escena lo dice todo.
En algún momento de 2023, Warren «Oak» Felder —productor y compositor con canciones escritas para Mariah Carey y Britney Spears, y más de 100 millones de discos vendidos— y su socio Lucas Keller se sentaron con Walter y Samia De Brouwer para hablar de futuro. El futuro era un software capaz de crear música mediante inteligencia artificial, con un «verificador de derechos de autor» que detectara acordes protegidos antes de que el material saliera al mundo. Los De Brouwer, según la demanda presentada en Los Ángeles, «estaban entusiasmados con el concepto y querían participar».
Lo que vino después, alegan los demandantes, fue el despojo.
El trato y el giro
Keller, fundador de la firma de representación Milk and Honey Music + Sports —cuya cartera incluye al jugador de los Kansas City Chiefs Travis Kelce—, conocía a los De Brouwer desde alrededor de 2016. Según los papeles judiciales, la relación era cercana: «amigos íntimos de familia». Esa confianza, argumenta la demanda, fue la palanca del esquema.
El acuerdo, tal como lo describe la demanda, era directo: Felder y Keller desarrollarían el software, incluido el verificador de copyright, y los De Brouwer les compensarían con opciones sobre acciones de su empresa Snowcrash. La plataforma Carta.com registró la concesión de 345.000 acciones a cada uno, con un calendario de adquisición entre noviembre de 2023 y noviembre de 2028. Ambos aceptaron.
Luego, según la demanda, los De Brouwer «se ocuparon de su esquema fraudulento»: presionaron a Felder y Keller para que cedieran la patente del software a Snowcrash. Una vez transferida, formaron una nueva empresa llamada Sound Patrol, que adquirió prácticamente todos los activos de Snowcrash, incluida la patente. El movimiento, dice la demanda, «enterró el valor de las opciones sobre acciones de Felder y Keller».
El desenlace fue que Sound Patrol cerró «un lucrativo acuerdo de licencia con Universal Music Group y Sony Music», según los papeles judiciales. «Sound Patrol no ha pagado un centavo a Keller ni a Felder por su trabajo en el desarrollo del software ni por la patente», señala la demanda.
Los protagonistas y la trastienda
Los De Brouwer no son actores menores del ecosistema tecnológico. Walter y Samia De Brouwer fundaron la empresa de inteligencia artificial Doc.ai en 2016; la compañía fue adquirida posteriormente por la firma de salud digital Sharecare, según el sitio web de la compañía. Walter De Brouwer figura además como cofundador de Sound Patrol junto al magnate de Hollywood Michael Ovitz. El propio sitio web de Sound Patrol describe la asociación con Ovitz como un puente hacia «la industria global del entretenimiento», con despliegue previsto en música, deportes, streaming «y más allá».
Del otro lado de la demanda, Keller representa a más de 70 cantantes y compositores de primer nivel. Felder acumula créditos en algunos de los álbumes más vendidos de las últimas dos décadas.
La demanda, presentada en Los Ángeles, reclama daños por un mínimo de 5 millones de dólares y solicita, además del dinero, la titularidad de la patente del software. Tanto los De Brouwer como Sound Patrol fueron contactados para comentar la situación, según el reporte original.
Lo que está en juego
El caso aterriza en un momento en que la industria musical y la tecnológica pelean a puerta cerrada por definir quién posee qué en la era de la IA. La disputa ilustra un patrón que los abogados de propiedad intelectual conocen bien: el creador aporta la idea, el capital aporta la estructura societaria, y cuando llega el dinero real, la estructura societaria suele ganar.
Para Hemisferio, la lección es más amplia. El libre mercado funciona cuando los contratos se respetan y la propiedad intelectual se protege. Cuando un actor con mayor músculo legal y financiero puede vaciar una empresa, transferir sus activos a otra y dejar a los inventores con opciones sin valor, no hay mercado libre: hay captura. Si los hechos alegados se prueban en juicio, el caso será un recordatorio de que la innovación no se protege sola; necesita marcos legales que los tribunales estén dispuestos a hacer cumplir, sin importar cuántos ceros tenga la cuenta bancaria del demandado.
