Miles de maestros dominicanos cumplieron su parte del trato. Planificaron clases, completaron autoevaluaciones, prepararon recursos didácticos y dedicaron horas adicionales a un proceso que llevaba paralizado desde 2017. El Estado, según la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), todavía no ha cumplido la suya.
El detonante es concreto: la conclusión del proceso de Evaluación del Desempeño Docente, cuya realización estaba prevista cada tres años por la Ley General de Educación No. 66-97 y el Estatuto del Docente. Un acuerdo firmado en 2023 con el Ministerio de Educación (MINERD) desbloqueó una situación que, según la ADP, afectaba derechos profesionales, laborales y económicos de decenas de miles de docentes. Ese acuerdo incluía la publicación de calificaciones, la aplicación de incentivos económicos según las categorías alcanzadas y el pago retroactivo para quienes completaron satisfactoriamente el proceso.
Nada de eso ha ocurrido, denuncia el gremio.
«No existe ninguna justificación para retrasar la aplicación de estos derechos», señaló la directiva nacional de la ADP en un comunicado. La organización reclama al MINERD cuatro acciones concretas: la publicación inmediata de las calificaciones finales, la divulgación íntegra del protocolo de revisión, reclamación y apelación, la aplicación de los incentivos económicos correspondientes y el pago retroactivo para quienes concluyeron el proceso.
La ADP fue cuidadosa en el tono, pero inequívoca en el mensaje. El conflicto, sostiene el sindicato, «no es provocado por el magisterio ni por la organización, sino por el incumplimiento de los acuerdos suscritos». La dirigencia convocó una reunión urgente del Comité Ejecutivo Nacional para definir un plan de lucha y acciones gremiales, y pidió a sus miembros mantenerse atentos a las orientaciones oficiales. El sindicato aseguró que actuará «dentro del marco constitucional y legal».
El argumento de fondo que esgrime la ADP apunta más allá de los salarios: «Cuando se incumple la palabra empeñada, se debilita la confianza en las instituciones», advirtió el gremio. La evaluación y sus beneficios, insiste la organización, son un derecho legítimamente ganado, no una concesión graciosa del aparato estatal.
Los detalles cuentan la historia. El proceso de evaluación había acumulado un retraso desde 2017 —seis años sin aplicarse, pese a estar mandatado por ley— antes de que el acuerdo de 2023 lo reactivara. Que ahora, una vez completadas todas las etapas por parte de los docentes, el Estado demore la publicación de resultados y el pago de incentivos no es un trámite administrativo pendiente: es, en la lectura del gremio, la repetición de un patrón.
Lo que está en juego
El caso dominicano ilustra una tensión que se repite en toda la región: los acuerdos entre el Estado y sus empleados públicos valen exactamente lo que el Estado decide que valen. Cuando el cumplimiento depende de la voluntad burocrática y no de un mecanismo automático, el trabajador queda rehén del calendario político.
Desde la perspectiva del libre mercado y la responsabilidad institucional, hay un principio elemental comprometido: los contratos deben honrarse. Si el Estado exige a los docentes cumplir con planificaciones, autoevaluaciones y horas adicionales bajo la promesa de incentivos y retroactivos, y luego dilata indefinidamente el pago, no solo incumple un acuerdo laboral —erosiona la credibilidad de cualquier compromiso futuro que pretenda suscribir. El dinero prometido no es una dádiva; es remuneración diferida por trabajo ya realizado.
El Ministerio de Educación no ha respondido públicamente a los reclamos de la ADP según la información disponible. Mientras tanto, el Comité Ejecutivo Nacional del gremio afina su plan de acción. La historia, como recuerda la propia ADP, suele ponerse del lado de quienes cumplieron.
