La escena lo dice todo. En plena ola de calor, el 14 de mayo de 2026, los estados de Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Chiapas volvieron a quedarse sin luz durante cerca de una hora. No era la primera vez, ni la segunda. Era la tercera interrupción masiva en poco más de un año en la misma región, y la Comisión Federal de Electricidad la confirmó sin mayor explicación.
La directora general de la CFE, Emilia Calleja, presume que México alcanza una cobertura eléctrica de 99.85 por ciento a escala nacional. El 0.15 por ciento restante, dice, corresponde a comunidades donde conectar una red convencional requiere «soluciones específicas». La cifra luce espectacular en una conferencia de prensa. El problema es que una cosa es contabilizar viviendas conectadas a la red y otra muy distinta garantizarles un suministro continuo, suficiente, seguro y de calidad.
Los detalles cuentan la historia. En marzo de 2025, una interrupción masiva dejó sin servicio a Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Bacalar, Ciudad del Carmen y Villahermosa. En septiembre del mismo año, una falla sacó de operación nueve centrales eléctricas y dejó sin electricidad durante varias horas a alrededor de dos millones de usuarios de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. El episodio provocó caos vial, suspensión de actividades comerciales y afectaciones a la industria turística. La recurrencia de estas fallas no habla de accidentes aislados: habla de una infraestructura que opera bajo presión permanente, particularmente durante los meses de mayor consumo.
La península de Yucatán concentra la vulnerabilidad más visible. Su crecimiento demográfico, turístico e industrial no ha sido acompañado con la misma velocidad por nuevas centrales, líneas de transmisión, subestaciones ni sistemas de respaldo. El déficit no está únicamente en la generación: también en la transmisión y en la distribución.
Las cifras del propio gobierno lo confirman. El aparato estatal calcula que entre 2025 y 2030 deberán invertirse alrededor de 124 mil 500 millones de pesos solo para fortalecer la Red Nacional de Transmisión. El nuevo programa de desarrollo eléctrico estima, además, que México necesitará incorporar entre 73 mil y 76 mil megawatts adicionales de capacidad hacia 2039. En otras palabras, el país requiere construir prácticamente otro sistema eléctrico de grandes dimensiones durante los próximos años. La CFE informó que entre 2019 y 2024 impulsó 35 proyectos de generación que agregarán 9 mil 185 megawatts de capacidad propia. Aunque representa un avance, resulta insuficiente frente al incremento previsto de la demanda.
La contradicción ambiental completa el cuadro. Mientras el gobierno habla de soberanía energética y transición verde, en 2024 apenas 21.6 por ciento de la generación nacional provino de energías renovables; la energía solar y eólica juntas representaron alrededor de 11.8 por ciento. México incumplió la meta legal de alcanzar 35 por ciento de generación limpia para ese año y se encuentra lejos del compromiso de llegar a 43 por ciento en 2030. Más revelador aún: México generó en 2024 aproximadamente 54 por ciento de su electricidad con gas importado de Estados Unidos. Esa dependencia desnuda el discurso de soberanía: buena parte de las centrales de ciclo combinado de la CFE opera con un combustible comprado en el extranjero.
La insuficiencia de redes también frena la generación renovable. De poco sirve instalar parques solares o eólicos si no existen líneas capaces de llevar esa electricidad desde las zonas productoras hasta los grandes centros de consumo. Incluso en la Ciudad de México, en asentamientos ubicados en las faldas del Ajusco, vecinos denuncian que no cuentan con una red eléctrica formal, según recoge la fuente. La «justicia energética» que pregona la Cuarta Transformación no aparece ahí.
Para Hemisferio, el diagnóstico es claro: el Estado mexicano ha convertido el sector eléctrico en un monopolio político que acumula rezagos mientras administra porcentajes de cobertura. La inversión privada en generación y transmisión, sistemáticamente desplazada por la lógica del control estatal, es precisamente la que podría acelerar la expansión de redes, abaratar el suministro y reducir la dependencia del gas importado. Cada apagón en Cancún o Mérida tiene un costo real para la libre empresa: hoteles paralizados, comercios cerrados, cadenas productivas interrumpidas. El contribuyente mexicano financia una burocracia que presume cifras mientras la infraestructura cede bajo el peso de una demanda que el aparato estatal no puede, solo, satisfacer.
