La escena lo dice todo. Antes de que el presidente electo Abelardo de la Espriella asuma el poder, su equipo de justicia ya tiene un mapa de ruta. Un informe interno del Ministerio de Justicia entrante, conocido por El Colombiano, detalla 15 «ejes de transformación» que definirán la política criminal y judicial del nuevo gobierno. El ministro designado es Iván Cancino.
Algunos de esos ejes nacieron en la campaña. Otros evolucionaron tras la incorporación de Cancino al gabinete designado. Juntos dibujan un viraje notable respecto a la era Petro: más control sobre la justicia transicional, más agilidad en el proceso penal ordinario y más dureza frente al crimen patrimonial y financiero.
La JEP bajo lupa
El eje que más expectativa genera en los círculos jurídicos es el del «control crítico sobre la JEP». Según el informe, el Ministerio «asumirá una postura de veeduría estricta y crítica frente a los resultados, gestión y decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz». La fuente cercana al equipo de Cancino aclara que esto no equivale a desmontar la justicia transicional pactada en el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016, pero sí anuncia una presión sostenida para que el tribunal dé resultados concretos.
La distinción importa: no es abolición, es rendición de cuentas. Para un gobierno que llega con un mandato de orden y eficacia institucional, la diferencia entre ambas posturas es política y jurídicamente estratégica.
Proceso penal: menos etapas, más velocidad
Cuatro directrices apuntan a modificar la estructura del proceso penal acusatorio. La más comentada ya había sido anticipada por el propio Cancino: suprimir la audiencia de formulación de imputación para «agilizar el tránsito directo hacia las etapas de acusación». El objetivo declarado es reducir los cuellos de botella que hoy permiten que los procesos se extiendan por años.
El plan también contempla limitar la intervención de la Procuraduría en el proceso penal ordinario, «reubicando su talento humano en áreas de alta prioridad social». En la actualidad, cada audiencia del Sistema Penal Acusatorio cuenta con un delegado del Ministerio Público que interviene con posiciones jurídicas. El nuevo gobierno considera ese rol redundante en la fase ordinaria.
Además, se promoverá que un solo juez controle el proceso desde la acusación hasta la audiencia preparatoria, reservando el juicio oral a un juzgador distinto. Y se reglamentará que cuando la Fiscalía solicite absolución, el juez esté obligado a decretarla de forma inmediata, salvaguardando los recursos legítimos de las víctimas.
Jueces bajo jurisdicción propia
Entre las siete medidas de mayor calado figura la creación de «un órgano jurisdiccional independiente enfocado en investigar y acusar penalmente a los administradores de justicia». La idea es que los jueces respondan ante una instancia especializada, no ante sus propios pares. El ministerio lo llama «nueva jurisdicción para fiscalizar jueces».
Para evitar que los casos se caigan por errores de procedimiento, el plan incluye un «blindaje operativo de fiscales y policía judicial»: un programa nacional de capacitación técnica para cerrar el paso a las libertades por falencias de trámite.
Código Penal más delgado, cárceles menos saturadas
Una «depuración normativa del Código Penal» busca excluir del catálogo de delitos aquellas conductas que, según el criterio del nuevo gobierno, no ameritan persecución penal. El propósito declarado es aliviar la crisis carcelaria. Por ahora no se han precisado cuáles conductas serían retiradas ni cuál sería su tratamiento alternativo.
En paralelo, para los delitos contra el patrimonio, el uso de medidas no privativas de libertad quedará condicionado a que el procesado garantice el 50 % de la pretensión económica de la Fiscalía. El modelo, según el informe, es similar al sistema de fianzas de la justicia estadounidense. La medida apunta directamente a un fenómeno cotidiano: personas detenidas por robo que son liberadas en audiencias de control de garantías y acumulan expedientes sin pisar la cárcel ni restituir lo hurtado.
El gobierno entrante también anuncia una estrategia interinstitucional de «máxima severidad» contra el lavado de activos, con énfasis en el fortalecimiento de la DIAN, la Uiaf y la Fiscalía, entre otras entidades.
Lo que está en juego
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Colombia llega a este paquete de reformas después de años en que el aparato estatal de justicia acumuló ineficiencias, la JEP operó sin contrapesos efectivos y el crimen patrimonial encontró en las audiencias de garantías una puerta giratoria. El programa de Cancino no es una revolución jurídica: es, en esencia, una apuesta por hacer que las reglas existentes se cumplan y que quienes administran justicia también rindan cuentas.
Los detalles cuentan la historia. La condición del 50 % de fianza para medidas no privativas, la supresión de una audiencia que hoy sirve más para dilatar que para garantizar derechos, la veeduría a la JEP: cada pieza apunta al mismo principio. Un Estado que no puede hacer cumplir sus propias normas no protege la propiedad, no atrae inversión y no ofrece seguridad jurídica. El gobierno de Abelardo de la Espriella parece haberlo entendido antes de llegar al poder.
