La escena lo dice todo. Un ministro de Economía ante los micrófonos, preguntado por familias que no pueden pagar sus deudas, y una respuesta que en cualquier otro gobierno argentino hubiera sonado a herejía: el Estado no va a intervenir.
Luis Caputo lo dijo sin rodeos este jueves durante una conferencia de prensa. La morosidad en los créditos a las familias es, a su juicio, «un tema entre privados». No habrá medidas extraordinarias, no habrá rescates, no habrá regulaciones de emergencia. El Palacio de Hacienda monitoreó el problema, habló con los bancos y decidió no mover el aparato estatal.
El tamaño del problema
Los números no son menores. Según un estudio de la Universidad Austral y EcoGo, la mora en los créditos otorgados a las familias argentinas se quintuplicó en los últimos 18 meses. En el segmento no bancario —fintechs, tarjetas no bancarias y comercios— supera el 30%. A nivel general, uno de cada seis pesos prestados está en situación irregular.
El mismo estudio precisa que el deterioro no responde principalmente a un sobreendeudamiento extraordinario, sino a una pérdida de capacidad de pago ante la caída de ingresos reales y el peso de los gastos fijos. Es decir: las familias no se endeudaron de manera irresponsable; simplemente dejaron de alcanzarles los ingresos para cubrir lo que ya debían.
Caputo reconoció el fenómeno. Calificó de «abusivas» las tasas que trepan del 400% al 700% en el segmento extrabancario. Pero aclaró que no hay nada que impida a esos actores cobrarlas: «Hoy no hay nada que les impida hacerlo; es un tema entre privados».
La lógica del ministro
La justificación de Caputo tiene una arquitectura clara. Intervenir con recursos fiscales significaría desviar dinero de los contribuyentes hacia instituciones financieras que otorgaron créditos que hoy no se cobran. «Si usamos tu plata para compensar a un banco, es plata que no podemos usar para aumentarle el sueldo a las Fuerzas Armadas o a los universitarios», afirmó.
La frase que condensó su postura fue otra: «No hay que confundir la empatía con las políticas públicas». Añadió que el Gobierno «ha sido empático desde el día menos uno», pero que manejar el dinero de la gente impone una responsabilidad distinta a la del sentimiento.
El ministro también detalló que mantuvo encuentros con directivos bancarios y que estos le informaron que estaban refinanciando las moras a tres años, a tasas de entre el 20% y el 25%, y que «efectivamente la mayoría ya estaba pagando». Advirtió, no obstante, que esa mejora tardará en reflejarse en las estadísticas: el proceso de normalización demandará entre seis y doce meses, según sus estimaciones, porque una persona que regularizó sus pagos no abandona de inmediato las categorías de mayor riesgo crediticio.
El contexto de los anuncios
Las declaraciones sobre la mora se produjeron en el marco de un anuncio de mayor alcance: la flexibilización de los créditos en dólares. La medida permitirá que los bancos presten parte de los depósitos en moneda extranjera a la totalidad de las empresas, incluso a aquellas que generan sus ingresos en pesos. El objetivo declarado es ampliar el financiamiento disponible y bajar el costo del crédito.
Caputo argumentó que las tasas en pesos «todavía son altas» y que esos niveles dificultan la rentabilidad de numerosos proyectos. La apertura del crédito en dólares, sostuvo, «va a generar mayor crédito, va a generar una baja en el nivel de tasas, va a generar mayor empleo y va a ayudar a reactivar la economía».
La lectura de Hemisferio
La postura de Caputo incomoda a quienes esperan que el Estado amortigüe cada turbulencia económica, pero encierra un principio que este medio comparte: el dinero de los contribuyentes no es un fondo de rescate para acreedores privados. Cada peso que el Tesoro destina a compensar a un banco por un crédito mal otorgado es un peso que no llega a salud, defensa o educación. La historia argentina está llena de «soluciones» estatales a problemas financieros que terminaron siendo más costosas que el problema original.
El verdadero desafío es el que Caputo no puede resolver con una conferencia de prensa: que la reactivación llegue a tiempo para las familias atrapadas en la mora antes de que el daño patrimonial sea irreversible. La apuesta del Gobierno es que la baja de tasas y la expansión del crédito en dólares aceleren ese proceso. Los próximos seis a doce meses dirán si el diagnóstico fue correcto o si la empatía que el ministro distingue de la política pública terminó siendo también la variable que faltó calcular.
