La escena lo dice todo. Una mesa de negociación convocada sin mandato popular carga sobre sus hombros las demandas que normalmente resuelve una constituyente: nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cronograma electoral, liberación de presos políticos y restitución de fueros sindicales. Así lo describe el analista Trino Márquez, quien señala que «un segmento importante del país democrático» percibe ese foro exactamente de ese modo.
El diálogo está tutelado por el gobierno de Donald Trump. La Casa Blanca eligió apoyarse en los parlamentarios electos en 2015 —la última elección que Washington reconoce como legítima en Venezuela— para revestir de legalidad los acuerdos entre el régimen de Delcy Rodríguez y la oposición. La decisión tiene un costo político visible: María Corina Machado y los partidos agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) quedaron fuera. Fueron, sin embargo, los protagonistas del movimiento que, según Márquez, le permitió a Edmundo González Urrutia «triunfar de forma aplastante en la elección del 28 de julio de 2024».
La exclusión es el nudo del debate. Márquez la califica de «injusta e incorrecta» y atribuye la decisión norteamericana a una lectura desactualizada del tablero venezolano. Según su análisis, los funcionarios que rodean a Trump creen que el oficialismo conserva la capacidad de desestabilizar el país, como si la Venezuela de 2026 fuera la misma del ciclo de Hugo Chávez o los primeros años de Nicolás Maduro: régimen monolítico, Fuerza Armada cohesionada, PSUV compacto y colectivos con recursos para aterrorizar. Ese cuadro, argumenta Márquez, «se modificó de forma drástica a partir de la captura de Maduro». El régimen actual, en su lectura, «apenas logra sobrevivir» y la propia mesa es uno de los espacios que le permite mantenerse en pie.
Pero lo que importa, reconoce el mismo analista, es la evaluación que hacen los norteamericanos, no la que hace la oposición venezolana. Y esa evaluación no incorpora esas consideraciones. Frente a ese dato duro, Márquez llama a la oposición a actuar «con realismo y pragmatismo»: sin el apoyo de la Casa Blanca, los avances posibles son escasos. Califica de «incomprensible» que algunos partidos opositores se deslinden del diálogo argumentando que no fueron consultados, y concluye que ni Machado ni los partidos que la respaldan «poseen el peso suficiente para convencer al gobierno norteamericano de que son ellos quienes deben liderar el debate».
Las demandas que pesan sobre la mesa son concretas y urgentes. Los familiares de presos políticos exigen liberaciones inmediatas. Los líderes sindicales reclaman el fin del hostigamiento a la actividad gremial. La ciudadanía pide un TSJ que eleve «la dignidad del Poder Judicial, hoy sumergida en un pantano», en palabras de Márquez. Y la mayoría aspira a una fecha electoral con un CNE renovado. No son, subraya el analista, «reclamos estrafalarios, sino ambiciones normales, bloqueadas durante el largo ciclo de destrucción de la República democrática iniciado en 1999».
Los detalles cuentan la historia. Lo que está en juego en esa mesa no es solo un cronograma electoral: es si Venezuela puede reconstruir instituciones mínimas —un árbitro electoral creíble, un poder judicial independiente, sindicatos libres— sin pasar por el proceso constituyente que nadie convocó formalmente pero que todos, en el fondo, están demandando.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el dilema es clásico: la política del posible contra la política del principio. Washington apostó por la vía pragmática, sacrificando a los actores que demostraron mayor legitimidad popular en 2024. El riesgo es que un acuerdo construido sobre esa exclusión nazca con un déficit de representación que lo haga frágil desde el primer día. La libre empresa, el estado de derecho y la propiedad privada —todo lo que el chavismo desmanteló durante casi tres décadas— no se restauran con acuerdos de élite a puerta cerrada; se restauran con instituciones que rindan cuentas a los ciudadanos que las financian y las padecen. Esa es la prueba que la mini constituyente venezolana todavía tiene pendiente.
