La escena lo dice todo.
Eran pasadas las 02.40 de la madrugada del jueves cuando el oficialismo salió a celebrar en los pasillos del Senado. Adentro, la votación había cerrado 26 contra 23 —mayoría más uno— a favor de los artículos más controvertidos de la megarreforma impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. A unos metros, senadores de oposición ya coordinaban por teléfono con abogados constitucionalistas la respuesta: cuatro requerimientos ante el Tribunal Constitucional, listos «a más tardar el lunes».
El Presidente José Antonio Kast lo celebró desde San Bernardo, en plena emergencia por el tren de ríos atmosféricos que golpeaba la zona centro-sur del país. «Nos va a poner como un país que está dispuesto a recibir inversiones dando una facilitación regulatoria, tener una mayor competitividad tributaria», dijo, y llamó a los diputados a aprobar el proyecto «por un margen mayor» cuando llegue a tercer trámite constitucional en la Cámara Baja.
Para entender el presente hay que volver a esa semana.
El corazón de la reforma tributaria incluida en el megaproyecto descansa en tres pilares: la rebaja gradual del impuesto de primera categoría, la invariabilidad tributaria y la exención de contribuciones. El conjunto representa, según el propio gobierno, la primera rebaja de impuestos en 40 años, además del restablecimiento de la reintegración tributaria. Son medidas que en cualquier economía de libre mercado se leerían como señales directas al capital: el Estado retrocede, la inversión privada avanza.
Pero la oposición no lo ve así. Los senadores Alfonso de Urresti (PS), Yasna Provoste (DC), Francisco Huenchumilla (DC), Diego Ibáñez (FA) y Claudia Pascual (PC) anunciaron que presentarán requerimientos ante el Tribunal Constitucional apuntando a dos normas específicas: la invariabilidad tributaria para inversiones de 50 millones de dólares hacia arriba, y la norma que obliga a indemnizar a empresas cuyos proyectos sean paralizados por rechazo en la calificación ambiental. Un grupo de abogados constitucionalistas —entre los que figuran Tomás Jordán, Jorge Correa Sutil, Jaime Gajardo, Domingo Lovera y Jaime Bassa, según la fuente— ya trabaja en los textos.
Los detalles cuentan la historia.
El TC exige que los requerimientos sean presentados por al menos 39 diputados y 13 senadores, y ya no basta con señalar el artículo impugnado: deben incluirse todos los fundamentos expuestos en el Congreso al momento de hacer reserva de constitucionalidad. Eso obligó a la oposición a esperar el resultado de la votación del Senado para incorporar los argumentos en los textos. «El Ejecutivo podría tener la promulgación lista en cinco minutos y eso nos quitaría la posibilidad de ir al TC», explicó Raúl Leiva, jefe de bancada de diputados del PS, quien fijó el mediodía del lunes como fecha límite interna.
El gobierno, por su parte, no se quedó quieto: el ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad sobre cuatro indicaciones de la oposición que fueron aprobadas en el Senado —la norma para reducir a 30 días el pago a las pymes, el olvido financiero, el restablecimiento de servicios básicos en zonas de catástrofe y el fin al anatocismo en el Código Civil—, todas rechazadas por Hacienda.
El tercer trámite en la Cámara Baja, previsto para este martes, añade otra variable: las dudas que se han instalado en dos aliados que el oficialismo tuvo durante el paso previo del proyecto por la Cámara de Diputados. La fuente no precisa cuáles son esos aliados ni el alcance de sus reparos, pero el gobierno confía en repetir la holgura que obtuvo en esa instancia gracias a un acuerdo alcanzado por el propio Quiroz.
Lo que está en juego
Rara vez una reforma tributaria concentra tantos frentes abiertos al mismo tiempo: un Senado que aprobó por un voto de diferencia, una oposición con abogados en modo de guerra jurídica, un TC que puede suspender normas clave antes de la promulgación, y aliados que dudan en la recta final. El gobierno de Kast apostó por la competitividad y la certeza jurídica como anzuelo para la inversión privada; la invariabilidad tributaria y la indemnización por paralización ambiental son precisamente las garantías que cualquier gran proyecto necesita antes de comprometer capital.
Que sean esas dos normas —y no las de gasto— las que la oposición lleva al TC dice mucho sobre qué principio está realmente en disputa: no el equilibrio fiscal, sino el límite del poder regulatorio del Estado sobre la propiedad privada y la decisión de invertir. Si el TC las tumba, el mensaje al mercado será claro: en Chile, la certeza jurídica todavía tiene fecha de vencimiento.
