La escena lo dice todo. El viernes por la mañana, sin previo aviso, la Comisión de Hacienda del Senado adelantó su sesión —que estaba programada para el lunes— para analizar y votar desde las 12 horas, hasta total despacho, la megarreforma, proyecto ancla de la administración de José Antonio Kast.
El movimiento no fue casual. El objetivo declarado es que la sala del Senado vote el proyecto el martes 14 de julio, en lugar del miércoles 15 como estaba previsto, para despejar el calendario y lograr que el Congreso despache el proyecto en su totalidad durante julio. Eso incluye el tercer trámite: la Cámara de Diputados deberá revisar los cambios introducidos por el Senado.
El acuerdo con el PPD y sus fisuras
El miércoles por la noche, el Ministerio de Hacienda alcanzó un acuerdo con los senadores del PPD para reformular la fórmula de la invariabilidad tributaria. El ministro Jorge Quiroz describió el resultado como «muy satisfactorio» y señaló que «replica el esquema aproximado que tenía el DL600 antiguo».
El nuevo esquema abandona el plazo único de 25 años que el proyecto original otorgaba a inversiones superiores a US$50 millones y lo reemplaza por tres tramos. Para montos de entre US$50 millones y US$100 millones, la invariabilidad será de 10 años. Para inversiones iguales o superiores a US$100 millones e inferiores a US$350 millones, el plazo sube a 15 años. Y para aquellas iguales o superiores a US$350 millones, el beneficio alcanza los 20 años.
Quiroz afirmó tener «plena confianza» en el acuerdo alcanzado con el jefe de comité de senadores del PPD, Ricardo Celis, y subrayó que «estaban los miembros de la bancada» presentes en la negociación.
Sin embargo, el acuerdo ya enfrenta turbulencias. Los diputados del PPD y la directiva del partido, encabezada por Raúl Soto, cuestionaron lo pactado por sus propios senadores. La grieta entre la bancada del Senado y la Cámara baja del mismo partido introduce una variable de incertidumbre en el tercer trámite.
El crédito al empleo: de US$1.400 millones a US$400 millones
El segundo cambio de fondo afecta al crédito al empleo, uno de los instrumentos más criticados del proyecto por su costo fiscal. Expertos habían señalado que su precio original ascendía a US$1.400 millones. La decisión del gobierno es focalizarlo.
Según adelantó Quiroz, el instrumento se concentrará en contratos indefinidos, en ciertos grupos considerados más vulnerables y en la industria de exportaciones de servicios. Con esa focalización, el costo fiscal bajaría desde US$1.400 millones a «un número parecido a US$400 millones», según las palabras del ministro.
Además, el gobierno incorporará, vía indicación, un crédito al trabajo de la misma naturaleza y estructura que el anterior. Este instrumento se suma como un elemento de transformación productiva y está orientado al trabajo empleado en sectores exportadores basados en el conocimiento.
La trastienda del calendario
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El gobierno de Kast apostó por comprimir los plazos porque cada día adicional en el Senado es un día más de exposición a renegociaciones, filtraciones y presiones cruzadas. Adelantar la votación en sala al martes reduce esa ventana.
Los detalles cuentan la historia. La megarreforma es, en su núcleo, una apuesta por restablecer certezas para la inversión privada en Chile: invariabilidad tributaria, reglas claras, plazos conocidos. Que el instrumento central del proyecto haya tenido que renegociarse tramo por tramo con una bancada cuyos propios diputados luego desconocieron el acuerdo revela cuánto cuesta reconstruir ese marco de confianza en un Congreso fragmentado.
El recorte del crédito al empleo —de US$1.400 millones a cerca de US$400 millones— es, al mismo tiempo, una concesión a la prudencia fiscal y una señal de que el proyecto llegó al Senado con márgenes de negociación incorporados. El contribuyente chileno se ahorra una factura significativa; el inversor extranjero obtiene menos años de certeza de los que el proyecto original prometía. El desenlace final dependerá de si la Cámara de Diputados acepta lo que los senadores del PPD firmaron, o si la directiva de Raúl Soto impone su lectura.
