Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 22 de julio, los ministros Jorge Quiroz, José García Ruminot y Claudio Alvarado tenían todo calculado: ese día despacharían a ley la megarreforma de reconstrucción y reactivación económica. No ocurrió. La ausencia del senador Enrique van Rysselberghe (UDI), quien viajó al sur por razones familiares, y el anuncio de su par Gustavo Sanhueza de que no respaldaría el mecanismo aprobado en comisión mixta para resolver el nudo de las platas municipales, arruinaron los planes del Ejecutivo. El quórum de 26 votos que exige la Ley Orgánica sobre Municipalidades no se alcanzó.
Este martes, el Senado tendrá una nueva oportunidad. La votación del artículo sobre compensación fiscal a los municipios —que sufrirán una merma en sus ingresos por la rebaja de contribuciones a mayores de 65 años— vuelve a la sala. Esta vez, las señales son distintas.
Sanhueza, tras reunirse con el ministro García la semana pasada, adelantó que no sería obstáculo para la aprobación. El senador Matías Walker (independiente ligado al Comité de Evópoli y representante de la Región de Coquimbo), quien había exigido que el Ejecutivo incluyera en un veto una referencia expresa a la reconstrucción de su región azotada por un temporal, mantuvo el suspenso este domingo pero no reiteró esa condición. La Moneda le había cerrado la puerta: su compromiso es disponer los recursos para Coquimbo en la Ley de Presupuestos de 2027.
Con ambas señales, el gobierno queda a un paso de los 26 votos. Aunque, según la fuente, para La Moneda ese artículo no es estratégico: la menor recaudación municipal puede resolverse igualmente en la Ley de Presupuestos.
Los detalles cuentan la historia. De los 63 artículos de la megarreforma —38 permanentes y 25 transitorios—, solo ocho han sido impugnados ante el Tribunal Constitucional por la oposición: los artículos 5°, 6°, 11°, 12°, 13°, 17°, 29° y 38°, relacionados con concesiones de acuicultura, procedimientos de calificación medioambiental y la invariabilidad tributaria. El resto del llamado «corazón» ya está aprobado: la rebaja del impuesto a las empresas del 27% al 23%, la reintegración tributaria, la eliminación del impuesto a la ganancia de capitales, la rebaja de contribuciones para mayores de 65 años, la nueva franquicia Sence y un acotado crédito al empleo, entre otros.
Terminado el trámite legislativo, el gobierno deberá esperar que el TC realice el control preventivo de las normas no impugnadas. Kast podrá promulgar la ley aun con litigios pendientes en el tribunal, absteniéndose de promulgar transitoriamente las normas en cuestión.
La estrategia final se resolverá este lunes en el comité político entre el Presidente Kast y sus ministros. La inclinación de La Moneda, impulsada especialmente por Quiroz, es ingresar a más tardar el miércoles solo dos vetos presidenciales —ajustes puntuales para eliminar normas que el gobierno considera con efectos negativos para la economía— y que la Cámara y el Senado los voten entre el miércoles y el jueves.
El jefe comunal de Maipú, Tomás Vodanovic (Frente Amplio), calificó la fórmula de compensación municipal como «aberrante», argumentando que beneficia desproporcionadamente a municipios con mayor espalda financiera como Las Condes. Desde la oposición, además, no se descarta un cuarto requerimiento al TC sobre esta norma.
La escena lo dice todo. Una reforma que recorta la carga tributaria sobre las empresas, elimina el impuesto a la ganancia de capitales y acelera normas de reactivación antes de octubre llega a su recta final no por consenso amplio, sino por la gestión quirúrgica de votos uno a uno. El precio de esa negociación —compromisos presupuestarios para regiones, reuniones a puerta cerrada con senadores díscolos— revela cuánto cuesta en Chile sacar adelante una agenda de libre empresa incluso con mayoría de gobierno. El verdadero examen vendrá después: si las rebajas tributarias aprobadas se traducen en inversión y empleo, o si el aparato burocrático y los litigios en el TC terminan diluyendo lo que hoy el Ejecutivo llama su gran legado económico.
