La escena lo dice todo. Una sesión especial convocada para las 19.30 horas, una bancada que anuncia su rechazo, un senador ausente por motivos personales y dos votos que oscilan entre la duda y el silencio. Así terminó la noche del miércoles en el Senado chileno: sin votación, sin resultado y con el gobierno retirando la urgencia de su propia megarreforma.
El proyecto en cuestión define el mecanismo de compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años. Un asunto técnico, sí, pero con consecuencias directas sobre las finanzas de cientos de municipalidades a lo largo del país.
La Cámara de Diputados había aprobado horas antes el informe de la comisión mixta por 80 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones. Era el turno del Senado de ratificar la fórmula. Lo que parecía un trámite se convirtió en una crisis de quórum.
Los detalles cuentan la historia. El senador Gustavo Sanhueza (UDI) anunció que rechazaría el informe. El senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) debió viajar a la Región del Biobío por motivos personales. Los senadores Rojo Edwards (Ind.-RN) y Matías Walker (Ind.) manifestaron dudas. A eso se sumó la incertidumbre inicial por la presencia de la senadora Vanessa Kaiser, del Partido Nacional Libertario, cuya colectividad había mostrado fisuras en la Cámara. Aunque Kaiser tenía previsto respaldar el informe y solo abandonó la sala al constatar que la votación ya había sido postergada, el daño ya estaba hecho: el Ejecutivo había perdido el margen necesario para reunir los 26 votos requeridos. La oposición, por su parte, ya había resuelto votar en contra.
Fue la bancada gremialista la que solicitó postergar la votación hasta después de la semana distrital, lo que implicaba que el gobierno retirara la urgencia del proyecto para acceder a esa petición. El gobierno aceptó.
«La votación se va a generar el día que se reinicie la actividad legislativa en el mes de agosto, que es el día 4», explicó el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, quien confirmó la decisión esa misma noche.
Alvarado descartó responsabilizar a un parlamentario oficialista por la falta de quórum y sostuvo que la ausencia respondió a motivos personales. «Son imprevistos que suceden y hay que asumirlos como tal y adaptarse a esa realidad y a esa circunstancia», señaló, según la fuente. Y añadió: «Hay un problema y hay una dificultad; si se genera una situación imprevista y una bancada quiere hacer uso del derecho reglamentario y eso pasa por una decisión del Ejecutivo, obviamente que se comparte esa decisión».
Sobre el fondo del debate, el biministro defendió la fórmula impulsada por el gobierno. Explicó que el proyecto original tenía una compensación establecida relacionada con el Fondo Común Municipal, pero que respecto a la recaudación por concepto de contribuciones de los municipios, no había y no existía esa compensación. Durante la discusión en el Senado, el gobierno propuso una indicación que, según Alvarado, repone al 100% los recursos que los municipios eventualmente dejarían de percibir al asumir la exención. No se obtuvo la unanimidad requerida y fue imposible resolverlo en esa instancia. Al llegar a la comisión mixta, el gobierno reincorporó exactamente la misma indicación. «Hay parlamentarios que están disponibles para que los municipios no pierdan ingresos y hay parlamentarios que no quieren que los municipios tengan la reposición de esos ingresos», cerró el titular.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que el gobierno presenta como un «imprevisto» es, en realidad, el síntoma de una coalición que no controla con holgura su propio bloque legislativo. Retirar la urgencia de un proyecto propio, a petición de la oposición, no es una maniobra de fortaleza: es una concesión que revela los límites reales del oficialismo en el Senado. El debate de fondo —quién paga la exención y cómo se compensa a los municipios— toca un principio que Hemisferio no pierde de vista: cuando el Estado exime de un tributo sin garantizar la reposición de recursos a las entidades que dependen de él, son los ciudadanos locales quienes terminan absorbiendo el costo. La votación del 4 de agosto dirá si el gobierno tiene los votos o solo los argumentos.
