La escena lo dice todo. A menos de un mes de las elecciones de medio término, una nueva encuesta de AP-NORC encontró que la mayoría de los estadounidenses cree que Donald Trump está sacando provecho de la presidencia de manera ilegal o poco ética.
El sondeo, realizado entre el 24 y el 28 de septiembre a 2,140 adultos, muestra que 4 de cada 10 encuestados creen que Trump hizo algo ilegal, y otro 18% considera que sus acciones fueron poco éticas aunque no ilegales. Además, 56% dijo que el presidente ha priorizado «mucho» sus intereses empresariales personales, mientras solo 23% señaló que ha priorizado al país en general.
La encuesta también revela una percepción dura sobre a quién beneficia el poder en Washington. Solo 11% dijo que Trump ha priorizado «a personas como ellos», mientras la mitad afirmó que no los ha priorizado en absoluto.
En el fondo, el problema ya no se limita a una discusión moral. Raymond La Raja, profesor de la Universidad de Massachusetts Amherst y co-director de UMass Poll, dijo a TIME que el aumento de la riqueza de Trump en los últimos dos años es «bastante sin precedentes». Señaló además una inversión de medio mil millones de dólares de un negocio vinculado a la familia real de los Emiratos Árabes Unidos en las empresas cripto de Trump el año pasado, y recordó que su última declaración financiera anual, fechada el 30 de junio, muestra que Trump ganó más de 1.4 mil millones de dólares con esas aventuras solo el año pasado.
La Raja describió eso como un «conflicto estructural de interés», porque Trump regula políticas que benefician directamente a su familia y, al mismo tiempo, incentivan a entidades extranjeras como los Emiratos Árabes Unidos a invertir en proyectos familiares. Para una parte importante del electorado, ese es el desenlace visible de una frontera borrosa entre servicio público y negocio privado.
La desconfianza no termina ahí. Una encuesta separada de UMass Amherst, realizada en agosto, halló que 75% de los entrevistados ve un nivel «grande» de corrupción en el gobierno federal, y 53% consideró a la presidencia la institución «más corrupta» del gobierno, por encima de la Corte Suprema, el Congreso y la burocracia federal en conjunto.
También resulta revelador que 54% dijera que es «definitivamente» corrupto que un funcionario use su cargo para beneficiarse a sí mismo o a su familia financieramente, incluso si es legal, y otro 29% lo calificara como «probablemente» corrupto. El país parece estar juzgando no solo la legalidad, sino el principio elemental de que el poder público no debe convertirse en una herramienta de enriquecimiento privado.
La trastienda económica agrava esa lectura. Solo 28% de 2,275 encuestados aprobó la gestión de Trump sobre empleo y economía, según una encuesta de Financial Times/Focaldata publicada el martes. Y los precios al consumidor subieron 3.4% en agosto frente al año anterior, según la cifra más reciente disponible de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.
La propia nota vincula dos focos de presión sobre los precios con políticas y circunstancias que golpean al consumidor: los aranceles de Trump y la guerra de Estados Unidos con Irán. La Reserva Federal de Nueva York estima que los aranceles añadieron 2.9 puntos porcentuales a la inflación de bienes de consumo para febrero de 2026, mientras la guerra elevó los precios del combustible y, con ello, los costos de industrias que dependen del diésel.
Ahí está el giro que importa para cualquier economía de mercado: cuando suben los precios, cae el margen para tolerar sospechas de captura del poder por intereses privados. La promesa de prosperidad pesa menos cuando el ciudadano ve inflación, guerra y una presidencia bajo sospecha de mezclar negocio con gobierno.
Para los republicanos, el cálculo electoral es claro: la impopularidad de Trump puede arrastrar a candidatos del partido en la boleta, sobre todo entre independientes y votantes suburbanos. Para el contribuyente, la lección es más amplia: cada vez que la Casa Blanca parece operar como una extensión de sus propios negocios, la confianza en el Estado se erosiona y la factura política termina cayendo sobre todo el sistema. En esa trastienda se juega mucho más que una encuesta. Se juega el principio de que el poder público debe servir al país, no servirse de él.
