La escena lo dice todo.
En un par de días, un solo abogado saturó el Sistema Informático de Tramitación de Causas Civiles de Chile. La herramienta: inteligencia artificial. El resultado: más de 38 mil documentos de desarchivo y renuncia al patrocinio de causas ingresados en un plazo que ningún equipo humano habría podido igualar. El sistema colapsó.
Desde los propios tribunales llegó el reconocimiento más incómodo: «no contamos con los recursos técnicos ni humanos disponibles para enfrentar esta contingencia». La institución, además, calificó el acto como un mal uso de la tecnología.
El episodio no es una anécdota. Es una advertencia con fecha y nombre de archivo.
Lo que la velocidad revela
La capacidad de procesar y enviar decenas de miles de documentos en horas no es, en sí misma, ilegal. Tampoco es nueva: la automatización lleva décadas desplazando tareas repetitivas en industrias enteras. Lo que sí es nuevo es que ahora esa automatización toca profesiones que históricamente se consideraban a salvo: el Derecho, la medicina, la consultoría.
John Atkinson, doctor en Inteligencia Artificial de la Universidad de Edimburgo y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello, y Sebastián Ferrada, profesor asistente del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y de la Iniciativa de Datos e Inteligencia Artificial, analizaron el fenómeno en el programa A Bordo de La Tercera. Ambos coinciden en que el debate sobre los límites del uso de herramientas tecnológicas en ciertas profesiones ya no es teórico.
En las escuelas de Derecho, señalan, el tema es cotidiano: la IA permite redactar escritos, recopilar jurisprudencia y analizar causas con una velocidad y exhaustividad que supera con creces al estudiante más dedicado.
El cálculo que nadie quiere hacer en voz alta
Si una máquina puede ingresar 38 mil documentos donde un abogado tardaría semanas, la pregunta lógica es cuántas de esas tareas —y cuántos de esos puestos— tienen futuro. No es alarmismo: es aritmética.
Los detalles cuentan la historia. El colapso del sistema no ocurrió porque la IA fallara, sino porque funcionó demasiado bien para una infraestructura diseñada en otra era. El cuello de botella no estuvo en el algoritmo, sino en el aparato estatal que no anticipó —ni financió— la capacidad técnica para responder.
Esa brecha entre la velocidad del sector privado y la lentitud de la burocracia pública es, precisamente, donde se concentra el riesgo. Cuando la regulación y la infraestructura corren décadas detrás de la tecnología, el resultado no es orden: es colapso.
Revalorizarse o quedar fuera
La pregunta que Atkinson y Ferrada plantean —¿algún día nos reemplazarán las máquinas?— tiene una respuesta parcial y pragmática: depende de qué haga cada profesional con su tiempo ahora que la máquina puede hacer lo repetitivo.
El abogado que pasaba horas redactando escritos estándar tiene dos caminos. Puede competir con el algoritmo en velocidad —y perderá— o puede redirigir su valor hacia lo que la IA no puede replicar todavía: el juicio estratégico, la relación con el cliente, la interpretación de contextos ambiguos, la responsabilidad ética frente a un tribunal.
Eso no es consuelo filosófico. Es una reconfiguración real del mercado laboral que ya está ocurriendo, con o sin el permiso de los colegios profesionales.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, el episodio chileno ilustra algo más amplio que un incidente técnico. El colapso del sistema de causas civiles expone la fragilidad de las instituciones públicas ante una tecnología que el sector privado adopta sin pedir autorización.
La respuesta instintiva de los reguladores —calificar el uso como «mal uso» y esperar a que pase la tormenta— no resuelve nada. Lo que se necesita es infraestructura moderna, marcos legales que distingan el uso legítimo del abuso, y profesionales con incentivos reales para adaptarse en lugar de protegerse detrás de gremios que legislan a favor de la escasez artificial.
El libre mercado de las ideas y del trabajo ya tiene un nuevo competidor. La pregunta no es si llegará, sino quién habrá construido las reglas del juego cuando lo haga.
