La carta llegó un lunes. Los destinatarios eran los líderes del Comité Judicial del Senado; los firmantes, una coalición de organizaciones legales conservadoras. El mensaje era directo: la magistrada Elena Kagan no puede ser árbitro neutral en el caso climático más importante que llegará a la Corte Suprema el próximo término.
El caso en cuestión es Suncor Energy v. Boulder County. La pregunta que plantea es de alcance considerable: ¿pueden los gobiernos locales de Colorado usar la legislación estatal para exigir responsabilidad financiera a compañías petroleras y gasísticas por sus supuestas contribuciones al cambio climático? La respuesta que dé el máximo tribunal trazará una línea con consecuencias directas para la industria energética y para la viabilidad de decenas de demandas similares en todo el país.
El argumento de la coalición descansa en un hecho concreto. Kagan escribió el prólogo del Reference Manual on Scientific Evidence, un manual de referencia para jueces que incluía un capítulo sobre ciencia climática. Ese capítulo fue posteriormente criticado por el Congreso y por fiscales generales republicanos como sesgado, y terminó siendo retirado. En su prólogo, Kagan señaló que los jueces enfrentarían cada vez más demandas relacionadas con la «ciencia climática» y los alentó a usar el manual como recurso para evaluar evidencia científica.
Para la coalición, esas palabras no son un detalle menor. Constituyen, según su lectura, un endoso público de las teorías legales que sustentan precisamente las demandas que ahora llegan a la Corte. «Los comentarios de la magistrada, junto con su respaldo al manual, crean la apariencia de que ya había abrazado las teorías legales subyacentes a las reclamaciones de los demandantes», señala la carta enviada al Comité.
Carrie Severino, presidenta de Judicial Crisis Network, fue más directa en su valoración pública. Según Severino, «los conflictos de interés de la magistrada Kagan en el litigio climático le impiden servir como el árbitro neutral que exige su juramento». Severino describió el capítulo de ciencia climática del manual como «abiertamente sesgado» y calificó la situación como «guerra legal climática» impulsada por ideales partidistas.
La coalición pidió específicamente al Comité Judicial del Senado que investigue si Kagan violó las normas federales de ética al no recusarse del caso. Las reglas de recusación exigen que un magistrado se aparte cuando exista apariencia razonable de parcialidad, no solo cuando haya un conflicto de interés probado.
Los detalles cuentan la historia. El capítulo climático del manual, según la carta, promovía teorías científicas en las que frecuentemente se apoyan los gobiernos estatales y locales que demandan a compañías de petróleo y gas. Que ese capítulo haya sido retirado tras presión del Congreso y de fiscales generales republicanos refuerza, a ojos de la coalición, que el material era tendencioso. Y que Kagan lo haya respaldado públicamente antes de que el caso llegue a su escritorio es, según argumentan, exactamente el tipo de señal que las normas de recusación buscan evitar.
El caso Suncor Energy v. Boulder County aún no tiene fecha de argumentos orales confirmada, pero se espera que sea considerado en el próximo término de la Corte. La magistrada Kagan no ha respondido públicamente a las acusaciones de la coalición.
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La escena lo dice todo. Lo que está en juego en Suncor no es solo el destino de una compañía energética o el presupuesto de un condado de Colorado: es si el aparato judicial puede convertirse en instrumento de política climática sin pasar por el Congreso. Cada demanda local contra una petrolera es, en el fondo, un intento de redistribuir costos regulatorios a través de los tribunales, cargando a los contribuyentes y a los consumidores con facturas que ninguna legislatura aprobó.
Que una magistrada haya endorsado públicamente el marco teórico de esos litigios antes de sentarse a juzgarlos no es un tecnicismo procesal: es una pregunta sobre si la Corte Suprema puede seguir siendo el árbitro que la Constitución diseñó. La coalición conservadora tiene razón en exigir que el Senado mire con atención. La libre empresa y el estado de derecho requieren jueces que lleguen al estrado sin el veredicto ya escrito.
