Para entender el presente hay que volver a esa semana.
El ministro de Relaciones Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, aprobó la extensión del despliegue de su misión humanitaria en Venezuela tras recibir una solicitud directa del gobierno de Delcy Rodríguez. Dos semanas más de trabajo sobre el terreno. El anuncio llegó mientras los equipos del Comando del Frente Interno de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), bajo el liderazgo del general de brigada Elad Edri, ya habían entregado a las autoridades venezolanas un documento técnico de reconstrucción para La Guaira, la franja costera que sufrió el mayor impacto de los terremotos del 24 de junio.
Los detalles cuentan la historia.
El plan contempla seis etapas: evaluación de daños y riesgos; despeje de escombros y apertura de vías; demolición controlada de estructuras inseguras; traslado y disposición de materiales; manejo temporal de residuos con énfasis en reciclaje; y reconstrucción de infraestructuras más resilientes bajo estándares modernos de ingeniería y planificación urbana. El Estado venezolano dispone ahora de un cronograma especializado para coordinar la recuperación de la infraestructura urbana del litoral central.
Mientras avanza esa planificación de largo plazo, las unidades operativas mantienen inspecciones físicas en edificios de gran altura del estado costero. El objetivo es certificar la estabilidad de los complejos residenciales para permitir el regreso seguro de las familias desplazadas. Según cifras publicadas por El Nacional, los terremotos dejaron 3.889 fallecidos y 16.740 heridos.
La escena lo dice todo.
Venezuela e Israel rompieron relaciones diplomáticas hace 17 años. Durante ese período, funcionarios venezolanos emitieron duras críticas y acusaciones contra Israel. Ahora, el mismo aparato de gobierno que sostuvo esa retórica envió una solicitud formal a Tel Aviv pidiendo más tiempo y más técnicos. La cooperación internacional generó, según la fuente, «reacciones diversas en el plano político» precisamente por ese historial de tensiones. El giro es difícil de ignorar.
Los ingenieros militares israelíes basan sus directrices en experiencia previa en gestión de catástrofes y restauración de áreas colapsadas. Es esa capacidad técnica acumulada —no la ideología ni la afinidad política— la que hoy opera en el litoral venezolano.
Paralelamente, el líder opositor Edmundo González propuso una comisión de contraloría internacional para la gestión de la ayuda humanitaria en Venezuela, una señal de que la desconfianza sobre el manejo de los recursos no ha desaparecido del debate público.
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Lo que ocurre en La Guaira es, en el fondo, una lección sobre la diferencia entre retórica y realidad. Durante casi dos décadas, el régimen de Caracas construyó parte de su identidad ideológica sobre el rechazo a Israel. Hoy pide prestada su ingeniería militar para salvar edificios. La urgencia humanitaria —3.889 muertos, decenas de miles de desplazados— no admite el lujo de la coherencia ideológica.
Pero la pregunta que Hemisferio no puede dejar sin formular es esta: ¿quién controla el proceso de reconstrucción y quién rinde cuentas por los recursos que lleguen? La propuesta de González de una contraloría internacional apunta exactamente a ese vacío. Un Estado que durante años demostró incapacidad para gestionar su propia renta petrolera ahora administrará una reconstrucción de escala mayor, con dinero y asistencia técnica extranjeros. Sin transparencia, sin auditoría independiente, la ayuda internacional corre el riesgo de convertirse en un recurso más al servicio del aparato, no de las familias que esperan volver a sus hogares.
