La escena lo dice todo. Samara Martínez, activista y académica que desde hace más de diez años convive con lupus e insuficiencia renal crónica, tomó la palabra frente a senadores y cámaras para defender la Ley Trasciende: una propuesta ciudadana que busca legalizar la eutanasia en la Ciudad de México. A su lado, un médico cirujano y diputado federal del PAN y un abogado especialista en bioética. El foro fue el Meet Point de El Financiero, titulado «La última libertad: eutanasia, el debate hacia una muerte digna».
El punto de partida legal es incómodo. El Código Penal Federal tipifica como «homicidio por piedad» el acto de ayudar a morir a quien sufre por sus condiciones de salud. En paralelo, la Ley General de Salud prohíbe expresamente la eutanasia desde una reforma aprobada en 2009. Ayudar a alguien a morir con dignidad y sin dolor es, hoy, un delito en México.
«¿Por qué se debería criminalizar la piedad?», preguntó Martínez durante el foro. «Es un acto de amor propio para pacientes que no han encontrado alivio y a quienes los tratamientos médicos no alcanzan», argumentó sobre el sentido de la propuesta.
El abogado Pedro Morales, representante del colectivo «Libertad para Morir», aportó la perspectiva histórica: del año 2000 a la fecha se han presentado 45 iniciativas sobre el tema en el Congreso mexicano y ninguna ha contado con el compromiso político necesario para avanzar. «Somos una propuesta ciudadana con la mejor alternativa normativa posible», afirmó Morales. «Se ha trabajado desde 2021 con compañeros con preparación académica y se ha estudiado la normatividad y las prácticas a nivel mundial».
La Ley Trasciende contempla modificaciones a varios ordenamientos legales del fuero de la Ciudad de México. Entre sus condiciones: el solicitante debe ser mayor de 18 años, estar en pleno uso de sus facultades mentales y contar con un diagnóstico discapacitante e incurable. La propuesta incluye enfermedades mentales crónico-degenerativas como la demencia o el alzhéimer, pero excluye expresamente condiciones como la ansiedad y la depresión, «porque dependen más de un buen tratamiento para seguir adelante», según explicó Martínez. El proyecto define además la muerte digna como un derecho humano, gratuito y universal.
La posición contraria dentro del mismo foro la sostuvo el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba, quien insistió en que la respuesta adecuada no es la eutanasia sino la aplicación real de la ley de cuidados paliativos ya vigente. «En México hay 800 mil muertes al año, de las cuales solo cuatro ocurren en unidades médicas», señaló. «No se ha puesto de verdad en marcha la ley de cuidados paliativos y manejo del dolor; es letra muerta. No hace falta una iniciativa de eutanasia», sentenció el médico. Su argumento: primero cumplir lo que ya está aprobado antes de legislar sobre lo que todavía genera controversia.
Martínez y Morales proyectan un panorama positivo. Prevén que, de avanzar la propuesta, la ley podría estar en marcha en 2027. En América Latina, el contexto regional les da cierto viento a favor: Colombia fue el primer país de la región en aprobar la eutanasia, seguido por Ecuador y Uruguay.
Los detalles cuentan la historia. México lleva un cuarto de siglo debatiendo este asunto sin resolverlo, mientras la ley de cuidados paliativos de 2009 permanece, según el propio diputado que la defiende como alternativa, prácticamente sin aplicarse. Ese es el nudo real: no un exceso de legislación, sino la incapacidad del Estado para ejecutar lo que ya prometió.
Desde la perspectiva de Hemisferio, el debate sobre la Ley Trasciende toca un principio fundamental: la autonomía individual sobre las decisiones más íntimas de la propia vida. Un Estado que criminaliza la piedad y al mismo tiempo deja morir en abandono a 800 mil personas al año sin acceso real a cuidados paliativos no defiende la vida; administra el sufrimiento. Cualquier posición que se tome sobre la eutanasia debería comenzar por reconocer esa contradicción.
