El 31 de julio de 2026, en los últimos días de su mandato, el presidente Gustavo Petro firmó la Ley 2618. La escena lo dice todo: una norma aprobada sobre la hora, sin partida presupuestal específica que garantice su puesta en funcionamiento inmediata, y con un plazo de un año para que alguien más la opere.
El texto crea el Programa de Alimentación Universitaria (PAU), dirigido a estudiantes de pregrado matriculados en universidades públicas en condición de vulnerabilidad. Su propósito declarado va más allá de entregar alimentos: la norma habla de contribuir a la permanencia de los jóvenes en la educación superior, mejorar sus condiciones durante la formación académica y reducir las barreras económicas asociadas a la alimentación.
La priorización favorecerá a estudiantes en estado de gestación o lactancia, personas con discapacidad, víctimas del conflicto armado, integrantes de grupos étnicos, jóvenes de zonas rurales, dispersas o insulares, y estudiantes pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3. Los programas de pregrado completamente virtuales quedan excluidos del beneficio.
El PAU operará en dos modalidades: plato servido, para universidades con infraestructura adecuada, y subsidio o bono de alimentación, para aquellas que no puedan ofrecer directamente el servicio. Las instituciones, además, deberán procurar la compra de alimentos a pequeños productores, mercados campesinos y organizaciones de agricultura familiar.
El Ministerio de Educación definirá los lineamientos y criterios de focalización. La norma también contempla la participación de los estudiantes a través de Comités de Veeduría Estudiantil, encargados de hacer seguimiento a la ejecución del programa.
La pregunta que nadie respondió antes de firmar
Los detalles cuentan la historia. La Ley 2618 establece que el PAU se financiará con recursos adicionales del Presupuesto General de la Nación, y contempla fuentes complementarias como donaciones, recursos propios de las universidades públicas y mecanismos de concurrencia con entidades territoriales. La norma es explícita en un punto: esos recursos deberán ser adicionales y no podrán sustituir las transferencias que actualmente reciben las instituciones públicas de educación superior.
Sin embargo, no existe una partida presupuestal específica que garantice su puesta en funcionamiento inmediata. La implementación no será inmediata: la ley fija un plazo de un año para que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, y las universidades públicas adelanten las acciones necesarias. Durante ese periodo deberán desarrollarse la reglamentación, los mecanismos de distribución de los recursos y los procedimientos para la operación en cada institución.
La Ley 2618 fue sancionada el 31 de julio de 2026. El nuevo gobierno comenzó el 7 de agosto. La aplicación del programa queda, según la propia norma, principalmente en manos de la administración entrante.
La trastienda de una promesa sin caja
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El patrón es conocido en la región: un gobierno saliente sanciona legislación de alto contenido simbólico en sus últimas horas, carga el gasto al sucesor y se reserva el crédito político del anuncio. La Ley 2618 responde a ese molde con precisión quirúrgica.
El problema no es que la alimentación universitaria carezca de mérito como política pública. El problema es la arquitectura fiscal: una obligación legal sin financiamiento garantizado es, en la práctica, una deuda diferida que el aparato estatal trasladará a las universidades públicas —ya con presupuestos ajustados— o al contribuyente de la próxima administración. La norma prohíbe expresamente que los nuevos recursos sustituyan transferencias existentes, lo que significa que el costo neto debe aparecer en algún lugar del presupuesto que el gobierno de Petro no alcanzó a comprometer.
La nueva administración heredará así una obligación legal, un plazo de un año para reglamentarla y la decisión real: financiarla con seriedad o dejarla como letra muerta. Esa es la pregunta que la firma del 31 de julio no respondió.
