Progreso, Yucatán. El 31 de julio de 2026, más de 150 parteras tradicionales de Campeche, Quintana Roo y Yucatán se reunieron en el Encuentro Peninsular de Saberes Ancestrales de Parteras Mayas. La escena lo dice todo: mujeres que han atendido partos sin presupuesto federal, sin plaza en el IMSS y sin reconocimiento jurídico, sentadas a revisar, artículo por artículo, una ley que podría cambiar eso.
El proyecto en cuestión es la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Su apuesta central, en lo que respecta a salud, es clara: obligar al Estado a proteger, promover e integrar la partería tradicional al Sistema Nacional de Salud «desde una perspectiva intercultural», según el texto que circula entre los representantes de los pueblos.
El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) describió la partería como «un patrimonio vivo de los pueblos originarios». El evento incluyó paneles, mesas de trabajo y una ceremonia maya. La coordinadora general de Planes de Justicia y Desarrollo Regional, Bertha Dimas Huacuz, subrayó que la colaboración entre comunidades e instituciones sanitarias es «fundamental para garantizar el derecho de las mujeres indígenas a una atención materna con enfoque comunitario y de derechos humanos».
El secretario de Salud de Yucatán, Miguel Alberto Alcocer Gamboa, reiteró en el encuentro el compromiso estatal para fortalecer la coordinación con las parteras e incorporar sus conocimientos en el modelo de atención materna.
Lo que distingue este proceso de iniciativas anteriores es el mecanismo de consulta. Por primera vez en dos siglos, según señalan los promotores de la ley, México lleva la deliberación legislativa directamente a las comunidades involucradas, con revisión detallada de cada artículo y participación de representantes de los pueblos. El texto propone, además, que las propias comunidades puedan establecer instituciones para la enseñanza y práctica de la partería, articuladas con los servicios públicos.
Los detalles cuentan la historia. Durante décadas, la partería indígena operó en un limbo: tolerada en la práctica, ignorada en el presupuesto, ausente del marco regulatorio. Las parteras mayas de la Península atendieron a generaciones de mujeres sin que el aparato estatal les reconociera ni un peso de inversión ni un centímetro de espacio institucional. La nueva ley, si se aprueba en los términos consultados, cambiaría esa ecuación al crear una obligación jurídica, no solo una declaración de buenas intenciones.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. El encuentro de Progreso no fue un evento protocolar: fue la primera vez que el mecanismo formal de consulta aterrizó en la región peninsular con este nivel de convocatoria. Que 150 parteras hayan participado activamente en la revisión del articulado es, en sí mismo, un dato político.
Ahora bien, la pregunta que la ley no responde todavía —y que Hemisferio considera central— es la del financiamiento y la arquitectura institucional real. Reconocer la partería como medicina legítima e integrarla al Sistema Nacional de Salud son dos verbos que, en México, suelen separarse por años de burocracia y presupuestos que no llegan. El historial del sector salud en el país no invita al optimismo: cada reforma que amplía mandatos sin asignar recursos concretos termina siendo una promesa vacía para las comunidades más alejadas.
El principio en juego es legítimo: que las mujeres indígenas puedan elegir su modelo de atención, que ese modelo sea reconocido y que el Estado no lo sustituya por un sistema único impuesto desde la Ciudad de México. Libre elección, subsidiariedad, respeto a la organización comunitaria: valores que cualquier liberal debería aplaudir. El riesgo, sin embargo, es el de siempre en México: que la ley sirva más para ampliar el aparato del INPI y la nómina de funcionarios interculturales que para llevar recursos reales a las parteras que, hoy mismo, atienden partos en comunidades sin clínica. Esa distinción —entre reconocimiento genuino y expansión burocrática— será la prueba de fuego cuando el texto llegue al pleno.
