Para entender el presente hay que volver a esa semana. El 1 de junio, Chile promulgó la Ley N°21.822, conocida como Ley Integral de Personas Mayores. No entrará en vigencia hasta junio de 2027, pero su aprobación —transversal, a lo largo de varios gobiernos— cierra un debate que el país venía postergando mientras el reloj demográfico avanzaba sin pausa.
Los números no admiten matices: hoy una de cada cinco personas en Chile tiene más de 60 años. Hacia 2050, la proporción subirá a una de cada tres. Karen Caiceo, directora nacional del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama), lo dijo sin rodeos en una entrevista reciente: «Hoy día Chile es el segundo país más longevo de Latinoamérica, solo nos supera Uruguay. De aquí al 2050 vamos a pasar a ser los primeros».
Lo que hace singular al caso chileno no es solo la magnitud del cambio, sino su velocidad. En Europa, la transición demográfica equivalente tomó aproximadamente 80 años. En Chile ocurrió en menos de 30. «Ya no tenemos forma de revertir la pirámide. Envejeció y tenemos que prepararnos para eso», advirtió Caiceo.
Del asistencialismo al derecho
El giro conceptual que propone la ley es, en sí mismo, una declaración de principios. La normativa busca abandonar la mirada asistencialista —la persona mayor como objeto de cuidado— y reconocer a este grupo como sujetos de derechos, autonomía y participación. «Lo que nosotros buscamos es que miremos a las personas mayores como sujetos de derechos. No al asistencialismo. Son ciudadanos al igual que todos nosotros», afirmó Caiceo.
Eso implica, entre otras cosas, que una persona mayor tiene el derecho a conocer su propio diagnóstico médico y a tomar sus propias decisiones, sin que un familiar o un profesional de la salud sustituya su voz. Caiceo describió una escena cotidiana que lo ilustra: «Cuando uno acompaña a su papá o a su mamá al médico, el profesional le habla generalmente al hijo y no a la persona mayor». El edadismo —la discriminación basada en la edad— opera muchas veces de forma inconsciente, y la ley apunta directamente a esa cultura.
El mercado que nadie está viendo
La trastienda de esta ley tiene también una dimensión económica que el debate público ha subvalorado. Caiceo habló de la llamada «economía plateada»: consumidores activos, personas mayores que siguen participando, consumiendo y que tienen nuevas necesidades. Adecuaciones en viviendas, programas de actividad física especializados, servicios tecnológicos más accesibles, soluciones para una vida independiente: son áreas con potencial de expansión real durante los próximos años.
En esa misma línea, la ley introduce modificaciones al Código del Trabajo para crear un régimen laboral adaptado: mayor flexibilidad horaria, compatibilidad con controles médicos y ajuste de funciones según la condición física del trabajador. «Muchas personas trabajan por una necesidad económica, pero también porque el trabajo las mantiene activas e insertas en la comunidad», sostuvo Caiceo. La jubilación, subrayó, no equivale necesariamente al retiro de la vida activa ni de la vida productiva.
La brecha digital y los entornos hostiles
Los detalles cuentan la historia. La digitalización acelerada del país —pagar el transporte público por aplicación, usar códigos QR, operar sistemas digitales de estacionamiento— ha abierto brechas concretas para una parte significativa de la población mayor. Caiceo planteó la necesidad de «entornos accesibles y amigables» para personas mayores, mujeres y personas con discapacidad: «Tenemos que volver a ser un país más preocupado del que está al lado».
La preparación, además, no puede comenzar a los 50 años. Según Caiceo, la educación sobre el envejecimiento debe instalarse desde la infancia, con hábitos saludables, redes de apoyo y una comprensión temprana de lo que significa envejecer bien.
La ley obliga al Estado a desarrollar una Política Nacional de Envejecimiento con vigencia de diez años, revisable cada cinco, con participación de municipios, gobiernos regionales, organizaciones sociales, academia y ciudadanía.
Lo que está en juego
La escena lo dice todo: Chile llegó tarde a prepararse para un cambio que ya ocurrió. La ley es un paso necesario, pero el verdadero examen vendrá en su implementación. Una política pública de largo plazo que trascienda los ciclos electorales es, precisamente, lo más difícil de construir en cualquier democracia.
Lo que la demografía sí deja claro es que el envejecimiento no es un problema social que el Estado pueda resolver solo con más gasto y más burocracia. La «economía plateada» que describe Senama es, ante todo, una oportunidad para la libre empresa: servicios, tecnología, vivienda e infraestructura diseñados para una población longeva y activa. El sector privado que entienda ese mercado antes que sus competidores tendrá una ventaja real. El que espere que el aparato estatal lo resuelva, llegará tarde —como casi siempre.
