La escena lo dice todo. Julio de 2024, horas después de que Ismael 'El Mayo' Zambada aterrizara detenido en Nuevo México: el entonces embajador Ken Salazar y el fiscal general Merrick Garland enviaron una respuesta formal al presidente Andrés Manuel López Obrador. El mensaje era directo: «no fue nuestro avión ni nuestro piloto ni nuestra operación». Esperaron. Pasaron horas. Nada.
«Lo intenté de nuevo al día siguiente», relató Salazar en entrevista con N+, «pero dónde quiera que estuviera, no respondió». El exembajador, cuyo libro se publica este mes, incluso ofreció una reunión personal para aclarar que Estados Unidos no había violado la soberanía mexicana. La oferta quedó sin respuesta.
Lo que Salazar describe es un silencio calculado. Mientras López Obrador declaraba en su mañanera del 30 de julio de 2024 que su gobierno «esperaba informes» de Washington para saber «a ciencia cierta» qué había ocurrido, los canales formales de comunicación estaban abiertos y sin contestar. La contradicción es difícil de soslayar: el expresidente pedía información en público mientras ignoraba la que le llegaba en privado.
Dos años después, ese silencio ha encontrado nueva vida política. La presidenta Claudia Sheinbaum retomó el expediente el 9 de julio pasado, cuando señaló en su mañanera que Salazar «dice lo mismo que dijo hace dos años», pero que «recientemente se presenta el avión como un operativo del FBI en una feria». La referencia es al War Eagles Air Museum, donde la aeronave utilizada para transportar a 'El Mayo' fue exhibida con una descripción que la vinculaba a un operativo del FBI. Para el gobierno de Sheinbaum, esa exhibición constituye una contradicción con la versión estadounidense. «Hay una falta a la verdad por parte del exembajador», concluyó la presidenta.
La Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy, escaló formalmente el asunto. Godoy anunció «una serie de requerimientos de información» dirigidos al gobierno estadounidense sobre los acontecimientos en Nuevo México. Raúl Armando Jiménez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, fue más explícito: lo que Washington había trasladado hasta ahora resultaba «insuficiente». Godoy advirtió que si se confirma la participación del FBI en lo que calificó como «secuestro» del líder del Cártel de Sinaloa, implicaría «violaciones graves» de la ley mexicana y del derecho internacional.
Salazar, por su parte, mantuvo su posición. La administración de Biden «no tenía conocimiento previo de este secuestro» y «bajo ninguna circunstancia habíamos autorizado una operación» en suelo mexicano. El exembajador distingue entre lo que ocurrió y lo que el aparato estatal mexicano ha decidido construir a partir de ello.
El periodista Luis Chaparro, especialista en narcotráfico, publicó imágenes del interior de la aeronave, lo que reavivó el debate sobre la cadena de custodia del operativo y el papel real de las agencias federales estadounidenses.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de julio de 2024. Un expresidente que pedía transparencia ante las cámaras mientras dejaba sin respuesta los canales diplomáticos formales; una captura histórica de uno de los capos más buscados del mundo convertida, dos años después, en instrumento de presión contra Washington. Los detalles cuentan la historia.
Lo que queda en pie es una pregunta incómoda para el oficialismo mexicano: si la soberanía era el bien supremo en juego, ¿por qué López Obrador no respondió cuando tuvo la oportunidad de defender esa versión en privado? La respuesta más parsimoniosa es que el agravio soberano resultaba más útil como narrativa que como disputa diplomática real. Hoy, la FGR de Sheinbaum hereda ese expediente y lo convierte en instrumento de presión institucional contra el gobierno de Donald Trump, en un momento en que la relación bilateral ya carga con tensiones suficientes. El contribuyente mexicano financia una fiscalía que investiga la captura de un narcotraficante como si fuera la víctima. Eso, también, es un dato.
