A medianoche del viernes, sin ceremonia ni firma presidencial, la mayor legislación de vivienda asequible en tres décadas entró en vigor en Estados Unidos. El presidente Donald Trump no la vetó. Tampoco la firmó. Simplemente dejó correr el reloj.
La 21st Century ROAD to Housing Act había llegado al escritorio de Trump el 29 de junio. Según la Constitución, el presidente dispone de diez días —sin contar domingos— para firmarla o vetarla; de lo contrario, se convierte en ley de forma automática si el Congreso sigue en sesión. Ese plazo venció el viernes por la noche.
La escena lo dice todo. Horas antes del vencimiento, Trump publicó en Truth Social que no firmaría el proyecto «en PROTESTA» porque el Senado no ha aprobado la SAVE America Act, la controvertida legislación electoral que, entre otras disposiciones, exigiría prueba de ciudadanía e identificación con foto para votar en elecciones federales. «La no aprobación de la SAVE AMERICA ACT es una LOCURA», escribió el presidente.
Lo que no mencionó en ese mensaje fue la posibilidad de un veto. Cuando TIME preguntó a la Casa Blanca si Trump planeaba ejercerlo, la respuesta fue reenviar la misma publicación de Truth Social. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, declaró que era poco probable que Trump emitiera un veto de última hora.
Un margen histórico, un bloqueo político
Los números del Congreso son difíciles de ignorar. La ley pasó el Senado por 85 votos contra 5, y la Cámara de Representantes por 358 contra 2. Pocas piezas legislativas alcanzan ese nivel de consenso en el Washington actual.
La ley incluye docenas de disposiciones orientadas a eliminar obstáculos a la construcción de viviendas: agiliza las revisiones medioambientales para proyectos de construcción, fomenta el desarrollo de viviendas modulares, facilita la conversión de terrenos infrautilizados en zonas residenciales y establece programas de incentivos para comunidades que construyan más unidades habitacionales. También limita la capacidad de inversores institucionales que posean más de 350 viviendas para adquirir propiedades unifamiliares adicionales, una medida que, según una encuesta del Bipartisan Policy Center, cuenta con el apoyo del 70 por ciento de los estadounidenses.
El contexto económico es urgente. El precio medio de una vivienda en Estados Unidos alcanzó un récord de 440.600 dólares en junio, mientras la tasa hipotecaria fija a 30 años se sitúa en 6,49 por ciento. El mismo Bipartisan Policy Center registra que el 79 por ciento de los estadounidenses considera el costo de la vivienda un asunto «extremadamente importante» o «muy importante».
La propia secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había calificado la ley como «una de las piezas de legislación de asequibilidad de vivienda más significativas en la historia americana» y anticipó que la firma sería «otra promesa cumplida» por Trump. Menos de 24 horas después, el presidente canceló la ceremonia de firma.
El filibuster y la presión sobre el Senado
La SAVE America Act pasó la Cámara en febrero, pero no ha logrado los 60 votos necesarios para superar el umbral del filibuster en el Senado. Trump ha respondido exigiendo que los republicanos «TERMINEN EL FILIBUSTER» para aprobar esa ley y, en sus palabras, «cada otro proyecto de ley que los verdaderos republicanos hayan soñado». Los líderes republicanos del Senado han rechazado o se han opuesto a la idea.
La senadora Tammy Duckworth calificó la situación de «la peor colina en la que morir», mientras la senadora Elizabeth Warren aseguró a sus votantes que la ley entraría en vigor de todas formas. El representante Jim McGovern acusó a Trump de anteponer sus intereses electorales a las necesidades del ciudadano.
Lo que está en juego
Desde Hemisferio, el episodio merece leerse en dos planos. En el primero, la ley en sí representa un avance genuino para el libre mercado inmobiliario: reduce burocracia, agiliza permisos y abre suelo a la iniciativa privada. Que haya llegado a la vigencia es una buena noticia para millones de familias que llevan años atrapadas entre precios récord y tasas elevadas.
En el segundo plano, la estrategia presidencial revela una tensión de fondo: usar una ley de amplio respaldo popular como palanca para una agenda electoral que su propio partido no ha podido sostener en el Senado. La pregunta que queda en el aire no es si la ley de vivienda era buena o mala —los votos hablan por sí solos—, sino si este tipo de presión es el instrumento adecuado para reformar el proceso electoral. El costo político de la maniobra lo pagarán, en primer lugar, quienes esperaban que Trump pusiera su firma en algo que él mismo había prometido.
