Para entender el presente hay que volver a esa semana. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, llegó al Senado en junio con una promesa ambiciosa: modernizar el derecho societario argentino, incorporar contratos inteligentes, blockchain y una nueva figura llamada Sociedad Descentralizada Autónoma Operativa (DAO), y colocar a Argentina en condiciones de superar a Estados Unidos y Europa en ese terreno. La primera reunión de la comisión de Legislación General ni siquiera alcanzó el quorum requerido; se esperó media hora para comenzar con el tercio mínimo.
Esta tarde, la comisión que conduce la senadora libertaria Nadia Márquez (Neuquén) retoma el debate. El menú de expositores incluye al CEO y fundador de Satellogic, Emiliano Kargieman; al abogado y profesor titular de Derecho Societario Sebastián Balbín; al ex titular de la IGJ del kirchnerismo Ricardo Nissen; al especialista en blockchain Sebastián Heredia; y al juez civil y comercial de Resistencia, Julián Flores, entre otros. Son doce en total.
Los detalles cuentan la historia. En junio, el inspector general de Justicia, Alejandro Ramírez, puso sobre la mesa una cifra que resume el problema de fondo: Argentina tiene 15 empresas cada 1.000 habitantes, frente a 60 en Chile y Uruguay, y 34 en México. Ramírez también advirtió que las reglas vigentes están enfocadas «en un 70% para la gran empresa», mientras que el «99,8% de las empresas del país son MiPyME y generan el 64% del empleo privado formal». La burocracia societaria actual, en otras palabras, fue diseñada para un universo que representa una fracción ínfima del tejido productivo real.
Sobre las DAOs, Ramírez fue preciso: se «eligió legislar una parte pequeña», quienes no quieran identificar a beneficiarios finales «no serán recibidos por esta ley», y la «alternativa de no hacer nada tiene un costo». «Podemos mirar hacia un costado y no regularlas, pero existen», remarcó. El propio Sturzenegger había planteado la misma lógica pragmática ante los senadores: «¿Va a funcionar? No lo sabemos. ¿Vale la pena? Sí».
El articulado también prevé herramientas para resolver situaciones de bloqueo entre socios, mecanismos de mediación y arbitraje, y procedimientos de valoración para evitar la judicialización de la vida societaria. Ramírez destacó además los lineamientos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la digitalización de libros societarios y contables en un plazo de dos años. «Basta de pérdidas de libros cuando una está siendo investigada», lanzó.
La escena lo dice todo. El debate técnico sobre la reforma societaria llega envuelto en turbulencia política. Sturzenegger fue señalado durante el fin de semana como principal responsable de la denominada ley de propiedad privada, votada en la madrugada del viernes anterior en el recinto del Senado, tras semanas de lo que la cobertura política describió como «mala praxis legislativa». Las críticas, según la información disponible, partieron desde la propia bancada de La Libertad Avanza que maneja Patricia Bullrich. Hasta anoche, no había señales de que Bullrich sostuviera la sesión prometida para este jueves destinada a sancionar la ley «Hojarasca», que elimina normas vetustas. Labor Parlamentaria ni siquiera fue convocada.
El kirchnerismo, por su parte, no estuvo ausente del debate en junio: el senador chaqueño Jorge Capitanich abordó varios ítems del articulado, que fueron valorados por los representantes del Ejecutivo.
Desde la línea editorial de Hemisferio, la reforma que impulsa Sturzenegger apunta exactamente al nudo correcto: un aparato regulatorio diseñado para la gran empresa que asfixia a las MiPyME, que son quienes sostienen el empleo privado formal. Reducir fricciones societarias, digitalizar registros y dar marco legal a tecnologías que ya operan en la economía real no es ideología; es administración básica del Estado al servicio de la libre empresa. El problema no está en la iniciativa sino en la trastienda política: un bloque oficialista que llega a este debate con el crédito legislativo dañado por el episodio de la semana pasada. Si la reforma societaria naufraga por operaciones internas o por la incapacidad de construir mayorías, el costo lo pagará el 99,8% de las empresas argentinas que hoy producen bajo reglas pensadas para otro siglo.
