La escena lo dice todo. En menos de una semana, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos (FWS, por sus siglas en inglés) modificó dos pilares fundamentales de la Ley de Especies en Peligro (ESA): primero redefinió qué significa «dañar» a una especie; luego, este viernes, eliminó las protecciones automáticas para las especies clasificadas como «amenazadas» y amplió los criterios económicos para excluir zonas de la designación de hábitat crítico.
La primera medida, conocida como la «regla general» o blanket 4(d) rule, llevaba en vigor desde 1975 para animales y desde 1977 para plantas. Su lógica era simple: cuando el FWS listaba una especie como amenazada —es decir, con riesgo de volverse en peligro de extinción en el futuro previsible— esa especie recibía automáticamente las mismas protecciones básicas que las especies ya en peligro crítico, como la prohibición de matarlas, atraparlas o hostigarlas. El mecanismo nació de la necesidad práctica: el FWS enfrentaba un rezago de especies sin planes individualizados de protección y necesitó una vía rápida para cubrirlas mientras desarrollaba regulaciones específicas.
A partir de ahora, cada especie recién listada como amenazada deberá esperar a que se elabore un plan de protección a su medida. Según Sara Amundson, presidenta del Humane World Action Fund, ese proceso «es mucho más lento y consume más recursos, haciendo que los retrasos en proteger fauna vulnerable sean prácticamente inevitables».
No es la primera vez que este camino se recorre. El FWS ya rescindió la regla general en 2019, durante el primer mandato de Trump. El presidente Joe Biden la restableció en 2024. Ahora el ciclo se repite.
El segundo cambio, reinstaurado el 17 de julio, modifica cómo se ponderan los impactos económicos al decidir si un área se excluye de la designación de hábitat crítico. Esa designación obliga a revisar formalmente cualquier proyecto federal —obras, financiamiento, desarrollo— que pueda afectar zonas esenciales para las especies listadas. Los grupos conservacionistas advierten que ampliar el criterio económico facilitará excluir hábitats bajo el argumento de la rentabilidad.
El secretario del Interior, Scott Burgum, defendió los cambios la semana pasada con un argumento doble: «bajarán los costos para los estadounidenses» y, según él, llevarán a que más especies salgan exitosamente de la lista. Burgum también señaló que el 97% de las especies amenazadas siguen en la lista hoy, dato que los legisladores republicanos citan como evidencia de que el régimen actual no funciona y frena el desarrollo económico.
Dos organizaciones que habían demandado la reinstauración de Biden celebraron el giro. Jonathan Wood, vicepresidente de ley y política del Property and Environment Research Center (PERC), dijo que «durante demasiado tiempo, la regla general trató a las especies amenazadas igual que a las en peligro crítico, debilitando los incentivos para su recuperación».
La semana anterior, el FWS y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ya habían restringido la definición de «daño» bajo la ESA: destruir o degradar el hábitat de una especie ya no se considera, por sí solo, un acto de daño a esa especie. La palabra queda limitada a «un acto que mata o lesiona directamente a la fauna». Una coalición de nueve grupos ambientalistas y dos tribus nativas americanas presentó demandas contra esa medida, argumentando que viola el texto literal de la ley.
Los cambios de esta semana también anticipan litigios. El Center for Biological Diversity advirtió que las nuevas reglas podrían dejar a muchas especies «con poca o ninguna protección».
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Dos reglas en siete días no son ajustes técnicos: son la arquitectura de una reinterpretación sistemática de la ESA, la ley que, según sus defensores, ha evitado la extinción del 99% de las especies que ha cobijado desde 1973.
Desde la línea editorial de Hemisferio, el debate de fondo no es sentimental sino de principios: quién paga los costos de la regulación y quién decide sobre el uso de la tierra privada. El argumento de los propietarios y de organizaciones como PERC tiene peso real —las reglas uniformes pueden desincentivar la conservación voluntaria y cargar costos desproporcionados sobre comunidades rurales—. El gobierno limitado exige que esas cargas se justifiquen caso a caso. La pregunta que queda abierta es si el aparato estatal tiene la capacidad operativa para cumplir esa promesa a tiempo, o si la agilidad regulatoria que se gana en papel se perderá en la burocracia de los planes individuales. Los tribunales, una vez más, tendrán la última palabra.
