La escena lo dice todo. En plena temporada electoral, el sistema de medios públicos colombiano —RTVC— y la revista Raya, creada durante la administración de Gustavo Petro, lanzaron en abril de 2026 un informe que acusaba al medio independiente La Silla Vacía y a su directora, Juanita León, de formar parte de una operación coordinada y remunerada denominada «Proyecto Júpiter», cuyo supuesto objetivo era deslegitimar al Gobierno Nacional y manipular el voto ciudadano.
El programa Señal Investigativa sostuvo que los contenidos de La Silla Vacía no eran investigaciones independientes sino instrumentos de manipulación, y que su curso «ABC de la democracia» era una herramienta de injerencia electoral financiada por ProBogotá para incidir en los empleados de empresas privadas. La acusación fue difundida por los canales, frecuencias y redes del Estado.
Tres meses después, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió la tutela presentada por la Fundación La Silla Vacía y Juanita León con un fallo fechado el 30 de julio de 2026: los medios accionados —Inravisión (RTVC) y la revista Raya— están obligados a retractarse.
El tribunal fue categórico. Determinó que ambos medios «tergiversaron la información» para presentar a La Silla Vacía como aliada o agencia digital del Proyecto Júpiter, y que la supuesta alianza para manipular elecciones o deslegitimar al Gobierno «no fue demostrada ni siquiera de manera indiciaria» por los reportajes de Señal Investigativa.
El fallo también desmontó uno de los argumentos más agresivos del informe oficial: la afirmación de que la directora del medio había cambiado de versión cuatro veces sobre su vinculación al proyecto. Según el tribunal, las intervenciones de León fueron consistentes en negar esa pertenencia, y fue la revista Raya la que distorsionó sus respuestas para sugerir una contradicción inexistente.
Los detalles cuentan la historia. El tribunal reconoció que los medios realizaron una actividad de investigación, pero señaló que fallaron en la fase de contextualización y presentación, otorgando a fuentes como las diapositivas de Jaime Bermúdez un significado que no tenían. Además, subrayó que el deber de contraste no se limita a formular preguntas: exige incorporar las respuestas de forma fidedigna. Eso no ocurrió, porque se omitieron los segmentos en que las fuentes negaban el vínculo.
La rectificación ordenada deberá ser clara, expresa y comprensible. Deberá informar que no está acreditada ninguna alianza entre La Silla Vacía y el Proyecto Júpiter, ni la vinculación del medio como operador digital de esa iniciativa. También deberá precisar que los contratos con ProBogotá para la serie «¿Cómo llegamos aquí?» y el curso «ABC de la democracia» tenían objetos pedagógicos y periodísticos definidos, y que no se demostró que fueran suscritos para incidir en candidaturas presidenciales o manipular el voto.
Los plazos son estrictos: elaborar la rectificación en 48 horas y difundirla dentro de los cinco días siguientes a la notificación. Deberá transmitirse en el programa Señal Investigativa o un espacio equivalente en Señal Colombia, en las frecuencias de la Radio Nacional de Colombia, y en las páginas web y redes sociales de ambos medios. Adicionalmente, el fallo ordena incorporar una nota visible y permanente en los enlaces y repositorios digitales donde aún se encuentren alojados los reportajes originales del 19, 21 y 26 de abril de 2026.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de abril. Un sistema de medios financiado con dinero de los contribuyentes colombianos fue utilizado para acusar, en vísperas electorales, a uno de los pocos medios de verificación independiente que opera en el país. El tribunal no solo corrigió el error periodístico: documentó la mecánica de la distorsión, paso a paso. Eso es más grave que una inexactitud.
El caso ilustra un principio que Hemisferio ha señalado en otras latitudes: cuando el Estado controla la megafonía y la dirige contra la prensa libre, el daño no espera al fallo judicial. El estigma se instala antes de que la justicia hable. Que un tribunal haya obligado a rectificar es una victoria para el estado de derecho; que la acusación haya llegado tan lejos, financiada con recursos públicos y amplificada por el aparato estatal, es la pregunta que Colombia debería seguir haciéndose.
