La escena lo dice todo.
A las 22:43 del domingo, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) publicó en redes sociales un mensaje de cuatro palabras: «Ocurre una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional». Era la segunda vez en menos de un día que la isla entera quedaba sin luz.
El sábado había sido el primer golpe. Un disparo simultáneo en las líneas de transmisión de 220 kilovoltios Matanzas-Cienfuegos y Matanzas-Santa Clara partió el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en dos y dejó sin suministro la zona occidental, incluida La Habana. La UNE trabajó durante la madrugada del domingo y, pasada la 1:00 hora local, anunció el restablecimiento. La noticia duró pocas horas.
Lo que la empresa estatal no ocultó al comunicar ese restablecimiento fue la advertencia que lo acompañaba: el sistema seguía operando bajo condiciones de fragilidad. Varias unidades termoeléctricas permanecían fuera de servicio por averías; otras estaban sometidas a mantenimiento. La recuperación, en otras palabras, era provisional. El colapso de la noche del domingo lo confirmó.
No se trata de un episodio aislado. Los detalles cuentan la historia. El mes de julio estuvo marcado por varios apagones totales, según informó la propia UNE. La infraestructura eléctrica cubana acumula décadas de deterioro, falta de inversión y capacidad de generación insuficiente. Los cortes afectan tanto a la población como a la actividad económica de la isla de manera recurrente.
Frente a este cuadro, el gobierno cubano tiene una explicación oficial y la repite con consistencia. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, reiteró durante el fin de semana que las dificultades energéticas se han visto agravadas por las sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos, y aseguró que el objetivo de Washington es, según sus palabras, «provocar el mayor castigo posible al pueblo cubano para conseguir su rendición». El presidente Miguel Díaz-Canel ha calificado la situación, según Infobae, como una «política genocida» que genera un «grave daño» sobre el pueblo de Cuba.
La UNE, por su parte, había señalado a mediados de julio que la caída del sistema era «la consecuencia directa» de la «asfixia energética orquestada por Estados Unidos».
El gobierno de La Habana suma así a seis décadas de embargo un argumento nuevo: un bloqueo energético que, según sus propias autoridades, ha provocado en ocasiones la paralización absoluta del suministro desde comienzos de año.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de julio en que los apagones totales se volvieron rutina. Lo que quedó expuesto no fue solo una red eléctrica envejecida, sino la incapacidad estructural de un aparato estatal que monopoliza la generación, la distribución y la narrativa sobre sus propios fallos.
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La lectura de Hemisferio es más sencilla que la retórica oficial: ninguna sanción exterior explica por sí sola que una línea de transmisión dispare dos veces en un día, que las termoeléctricas acumulen averías sin reemplazo o que el sistema opere, por confesión propia, en condiciones permanentes de fragilidad. Lo que explica todo eso es un modelo en el que la empresa eléctrica no compite, no rinde cuentas al consumidor y no enfrenta incentivo alguno para invertir en mantenimiento o en capacidad nueva. El monopolio estatal no es la solución a la crisis energética cubana: es su causa más profunda. Mientras La Habana señale hacia afuera, la isla seguirá apagándose, puntual como un reloj, cada vez que el sistema toque su límite. Y ese límite, como demostró este domingo, llega antes de que amanezca.
