La escena lo dice todo. El Partido Socialista convocó a un abogado ex DC, exministro del Tribunal Constitucional, para que encabezara los requerimientos contra la ley insignia del gobierno de José Antonio Kast. Jorge Correa Sutil aceptó, pero con condiciones: solo representaría a los senadores opositores en el cuestionamiento a la norma de invariabilidad tributaria, aquella que él mismo había diseccionado en una columna pocas semanas antes. Las demás disposiciones de la ley miscelánea, a su juicio, no rozaban la Constitución.
El tribunal tiene diez días, prorrogables por otros diez, para declarar admisibles los requerimientos. Luego vienen veinte días de argumentos, alegatos y deliberación. El reloj ya corre.
El argumento central
Correa construye su caso sobre el artículo 4 de la Constitución, que consagra a Chile como república democrática. Su tesis: la democracia descansa en dos pilares —las mayorías resuelven las políticas públicas y existe alternancia en el poder— y ambos quedan vaciados si una ley actual impide que la mayoría de mañana modifique un régimen tributario durante diez, quince o veinte años.
«Hay alternancia en el poder y puede resolver la mayoría, pero la mayoría de mañana no puede resolver algo, porque yo ya lo dejé resuelto», sintetiza el abogado. Para él, eso no es una garantía de estabilidad: es una anomalía democrática.
El problema práctico no es menor. La invariabilidad de la ley, advierte Correa, cubre un espectro amplio: no solo la tasa de impuesto a la renta, sino también el IVA para la importación de bienes durante la instalación del capital, los aranceles y las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos. Si mañana una reforma tributaria general afectara a empresas que invirtieron bajo este régimen, esas empresas podrían alegar trato desigual frente a sus competidores, desatando una litigación sin precedentes. «Va a haber mucha litigación», advierte sin rodeos.
El antecedente histórico que incomoda al gobierno
El ejecutivo ha defendido la invariabilidad apelando a una tradición chilena: el Decreto Ley 600 y la Ley Navarino. Correa los descarta de un plumazo: ambos instrumentos nacieron en dictadura. Invocarlos como práctica democrática consolidada, dice, «es francamente un sinsentido».
Y ofrece su propio dato histórico para rebatir la premisa de que la invariabilidad atrae inversión. Mientras rigió el DL 600, entre 1974 y 1984, las inversiones extranjeras se mantuvieron en torno a los 200 millones de dólares anuales. A inicios de los noventa, sin modificar el esquema de invariabilidad, las cifras saltaron primero a mil millones, luego a dos mil y llegaron a los 9.000 millones de dólares. La conclusión que extrae es incómoda para ambos lados del debate: fue la estabilidad política, no la ingeniería tributaria, lo que disparó la inversión.
El exceso que divide
Correa no es un crítico del crecimiento económico. Al contrario: se declara «convencido de que hay que hacer esfuerzos enormes por favorecerlo». Pero identifica en esta ley dos «gabelas» que la convirtieron en una reforma «fuertemente divisoria»: la invariabilidad y la obligación de indemnizar al inversionista cuando un tribunal rechaza su proyecto de calificación ambiental.
Su diagnóstico político es igualmente severo. La oposición intentó instalar la narrativa de que la reforma beneficiaba a los «superricos»; el gobierno respondió con el relato procrecimiento y ganó el debate público. Pero el costo, a su juicio, fue una ley que ningún sector puede llamar propia y que deja al país en una dinámica de revancha: un bloque espera ganar «por goleada» al otro en la próxima alternancia.
Lo que está en juego
Para Hemisferio, el episodio ilustra una tensión que el mundo de la inversión conoce bien: las reglas de juego estables son valiosas, pero solo cuando emanan de consensos genuinos y no de mayorías circunstanciales que intentan blindar sus decisiones frente al veredicto futuro de los ciudadanos. Un régimen tributario congelado por decreto no es seguridad jurídica; es una apuesta a que nadie cambie de opinión durante una generación.
El Tribunal Constitucional tiene ahora la palabra. Si da la razón a Correa Sutil, el gobierno de Kast deberá renegociar la pieza central de su agenda económica. Si la rechaza, la oposición habrá gastado capital político en una batalla perdida. En cualquier caso, la señal que Chile envía a los mercados en estas semanas no la escribe ningún abogado: la escribe la calidad del acuerdo —o la ausencia de él— que sus instituciones sean capaces de producir.
