El debate sobre la inteligencia artificial ha dejado de ser un asunto de laboratorio. La ONU pidió a los países y a las empresas atender con urgencia los riesgos de esta tecnología y establecer mecanismos de control, al advertir que «todos los derechos humanos están amenazados», incluso el derecho a la vida.
Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, dijo que «estamos al borde de un cambio irreversible, que nos afecta no solo a nosotros, sino a las generaciones futuras de la humanidad». La frase resume el tono de la discusión internacional: ya no se habla solo de innovación, sino de límites, responsabilidad y consecuencias.
La alarma se intensificó después de que Jacob Coxon, exinvestigador de Anthropic, denunciara que la «IA podría matarnos a todos». Esa declaración fue una de las razones que expuso para renunciar a su trabajo en la empresa desarrolladora de IA. La advertencia abrió una ola de reacciones, muchas de ellas extremas, y volvió a instalar el tema en la agenda pública.
Incluso algunos directores de grandes firmas tecnológicas han pedido desacelerar el desarrollo de la IA. Entre ellos figuran Dario Amodei, de Anthropic; Sam Altman, de OpenAI; y Elon Musk, de SpaceXAI. Amodei escribió que, dada «la aceleración en el desarrollo de capacidades de IA», le preocupa que en un plazo de «6 a 12 meses» un enjambre de este tipo pueda «tomar el control de todo Internet mediante una red de bots persistente».
Del otro lado aparece Donald Trump, que calificó la idea como «una conspiración enfermiza». Desde su cuenta de Truth Social, aseguró que «el único control o mecanismo de seguridad que necesita la IA es un presidente fuerte e inteligente, y Estados Unidos lo tiene». El choque entre esa visión y la de los organismos multilaterales marca el giro político del debate.
Para Manuel Santillán, investigador de la Universidad de Lima, el peligro de la IA no es directo, sino indirecto, por su incorporación cada vez más rápida y automatizada en sistemas y procesos. Puso como ejemplo la gestión de energía y suministro eléctrico: un sabotaje o mal control del sistema podría interrumpir servicios esenciales, desactivar sistemas de monitoreo ciudadano o afectar infraestructuras críticas como hospitales, aeropuertos y medios de comunicación.
Wester Zela, doctor en inteligencia artificial, también pidió mirar los problemas concretos antes que los pronósticos de destrucción total. Recordó la prueba PISA y la calificación negativa para estudiantes a nivel mundial, y planteó que el uso de tecnología e inteligencia artificial podría estar reduciendo la capacidad cognitiva de los estudiantes, algo que considera «real» y «tangible» porque ya se está midiendo.
Zela añadió que la advertencia de Coxon no es novedosa y que la inteligencia artificial ya aprende por sí misma desde hace varios años. Además, ambos especialistas coincidieron en que existe un factor de especulación detrás de algunos anuncios del sector.
Santillán subrayó que ciertos mensajes de empresas deben leerse como estrategias para generar expectativas, posicionarse frente a una eventual salida a bolsa, atraer inversiones o fortalecer la valoración de determinadas compañías. En sus palabras, lo que buscan es mostrar que están a la vanguardia con una tecnología más poderosa.
También hay una disputa entre modelos de código abierto, impulsados por empresas chinas, y el código cerrado de compañías estadounidenses. Ese pulso empresarial y geopolítico explica buena parte de la trastienda: detrás del discurso sobre seguridad conviven la competencia por inversión, la carrera tecnológica y la lucha por el control de la infraestructura digital.
La escena lo dice todo. Mientras la ONU pide límites, las tecnológicas reclaman velocidad y Trump desestima el peligro, el mundo se mueve entre dos impulsos opuestos: frenar antes de que sea tarde o seguir acelerando en nombre de la innovación.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que la IA dejó de ser solo promesa y pasó a ser una discusión sobre poder. Cuando una tecnología concentra tanto potencial, el Estado, las empresas y los reguladores no discuten solo algoritmos: discuten quién pone las reglas y quién paga el costo si esas reglas no llegan a tiempo.
En ese marco, el principio en juego es simple: sin controles claros, la innovación puede terminar imponiendo costos a los ciudadanos, a los usuarios y a las infraestructuras críticas. Y cuando el debate se convierte en propaganda empresarial o en consignas políticas, lo que queda expuesto es la necesidad de reglas serias, no de eslóganes.
