En México se hablan 68 lenguas indígenas. De ellas, 57 tienen presencia en la Ciudad de México: náhuatl, mixteco, otomí, mazateco, zapoteco, mazahua, mixe, maya y purépecha, entre otras. El dato no es folclórico. Es el punto de partida del editorial que la Iglesia Católica publicó esta semana a través de su publicación Desde la Fe, y que pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿cuánto de esa riqueza cultural sobrevive gracias al Estado y cuánto a pesar de él?
El texto de la Iglesia no es un documento de denuncia política, pero su diagnóstico es preciso. «Todos formamos parte de una misma nación que tenemos los mismos derechos y deberes y compartimos aspiraciones fundamentales como vivir con dignidad, desarrollarnos en paz y construir un futuro para nuestras familias», señala el editorial. Y a continuación viene el pero: para muchas comunidades indígenas esas aspiraciones «encuentran obstáculos particulares», entre ellos la violencia que alcanza sus territorios, la pobreza, la discriminación y las dificultades para acceder plenamente a servicios esenciales y oportunidades de desarrollo.
La enumeración es sencilla. Su peso, no.
Lo que una cultura no puede ser
El argumento central del texto es cultural antes que político, y por eso resulta más difícil de rebatir. «Una cultura viva no puede quedar encerrada en un museo ni convertirse solamente en una representación para visitantes», afirma la Iglesia. «Se conserva cuando puede seguir formando parte de la vida de quienes la han recibido y la transmiten».
La frase apunta, sin nombrarlo, a un patrón que se repite en la política indigenista mexicana desde hace décadas: la tendencia a convertir la diversidad cultural en patrimonio administrado, en imagen de campaña, en recurso retórico para el discurso oficial. Los pueblos originarios como símbolo. No como ciudadanos con derechos exigibles.
La Iglesia propone la dirección contraria. Sus integrantes, dice el editorial, «estudian, trabajan, crean, emprenden, forman familias, participan en sus comunidades y enfrentan, como todos, los desafíos de un mundo que cambia rápidamente». El verbo «emprenden» no está ahí por accidente. Una comunidad indígena que emprende necesita seguridad jurídica, acceso a mercados, infraestructura y ausencia de violencia. Necesita, en suma, lo mismo que cualquier ciudadano en un Estado que funciona.
Unidad sin uniformidad
Otro pasaje del editorial merece atención. La Iglesia sostiene que «la unidad de México no exige que todos sean iguales, sino exige aprender a reconocerse como parte de una misma nación sin pedirle al otro que deje de ser quien es». Es una definición de cohesión social que se aleja tanto del asimilacionismo forzado como del separatismo identitario: ni borrar las diferencias ni convertirlas en trincheras.
El llamado va dirigido a todos los mexicanos, pero también, explícitamente, a los propios pueblos originarios: «México necesita de su aporte y disposición a convivir desde una identidad fortalecida, que enriquece la cultura y la convivencia social».
El mensaje es de integración activa, no de tutela. Y esa distinción importa.
Lo que el Estado debe responder
El editorial de la Iglesia no menciona programas de gobierno, no cita presupuestos ni evalúa políticas públicas. Pero su diagnóstico —violencia en los territorios, pobreza persistente, discriminación, acceso limitado a servicios— es, en los hechos, un balance implícito de lo que el aparato estatal ha logrado y lo que no.
Durante años, la respuesta oficial ha sido multiplicar organismos, secretarías y fondos etiquetados para pueblos indígenas. El resultado visible, según el propio texto de la Iglesia, es que los obstáculos siguen ahí. La burocracia crece; la brecha, también.
Lo que la Iglesia propone no requiere más gasto público ni más instituciones. Requiere algo más difícil: que el Estado garantice seguridad, respeto a la propiedad y acceso real a oportunidades, y luego se quite de en medio para dejar que las comunidades decidan su propio camino.
Esa es, precisamente, la diferencia entre reconocer a un pueblo y administrarlo. Entre una política de libertad y una política de dependencia. El editorial de Desde la Fe no lo dice con esas palabras. Pero los hechos que describe apuntan exactamente ahí.
