Los números del cuarto reporte oficial de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) son elocuentes por sí solos. Desde los terremotos del 24 de junio, Cáritas de Venezuela ha gestionado 21.175 toneladas de ayuda humanitaria. De ese total, el 86% —unas 18.167 toneladas— ya llegó a manos de quienes la necesitan. Las 3.008 toneladas restantes permanecen en resguardo para las siguientes fases de la emergencia.
La escena lo dice todo. No es un ministerio ni una agencia gubernamental la que coordina la respuesta más visible a la peor catástrofe sísmica reciente de Venezuela. Es la Iglesia católica, con su red diocesana y sus voluntarios, la que ha distribuido 13.760 paquetes de alimentos y 9.164 kits de higiene personal a unas 22.900 familias atendidas bajo la labor pastoral denominada «Tras el temblor, el amor».
En el ámbito sanitario, la organización ha enviado 99.608 unidades de fármacos e insumos médicos esenciales a hospitales y centros asistenciales de las regiones afectadas. Una cifra que habla no solo de la magnitud del desastre, sino de la fragilidad estructural del sistema de salud pública venezolano, incapaz de absorber por sí solo el impacto de una emergencia de esta escala.
El reporte también destacó una alianza entre la Cámara Venezolana de Juguetes y el Dividendo Voluntario para la Comunidad, que permitió entregar obsequios y realizar actividades recreativas para niños en diversas comunidades de La Guaira con motivo del Día del Niño. Son los detalles los que cuentan la historia: en medio del escombro, la iniciativa privada y la sociedad organizada colmaron un vacío que el Estado dejó abierto.
Cáritas ha anunciado que avanzará paulatinamente desde la atención primaria hacia una fase de recuperación integral que contempla apoyo en materia de vivienda, salud y acompañamiento psicosocial. Mientras tanto, la Conferencia Episcopal reiteró su llamado a canalizar donaciones exclusivamente a través de sus vías oficiales, verificadas en caritasvenezuela.org/donaciones.
El contraste con la respuesta gubernamental no pasa inadvertido. Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen, prometió la entrega de 4.000 viviendas antes de que finalice diciembre para los damnificados. Una promesa futura, medible en meses. Cáritas, en cambio, presenta un reporte de lo ya hecho, con toneladas, familias y unidades médicas como unidad de medida.
Para entender el presente hay que volver a esa semana de junio. Venezuela no solo sufrió un terremoto geológico; reveló, una vez más, la fractura entre un Estado que acumula poder y una sociedad civil que acumula capacidad real de respuesta. La libre empresa —jugueteras, empresas del Dividendo Voluntario, donantes privados— y la institución eclesial llenaron el espacio que la burocracia dejó vacío.
El principio en juego es tan antiguo como urgente: cuando el aparato estatal falla, son las redes voluntarias, la iniciativa privada y las instituciones de la sociedad civil las que sostienen a las personas. Cáritas de Venezuela no necesitó decreto ni partida presupuestaria para mover 18.167 toneladas. Necesitó donantes, voluntarios y una estructura que el régimen jamás podrá reemplazar por decreto. Esa es la lección que los números del cuarto reporte dejan sobre la mesa.
