La escena lo dice todo. Mientras los mercados debatían el futuro de la inteligencia artificial como motor de productividad, los datos de la última prueba PISA llegaban con un contrapunto incómodo: en Chile, los estudiantes de 15 años usan IA —incluyendo herramientas como GPT— de manera más intensa que el promedio de los países de la OCDE, y ese uso se correlaciona negativamente con sus puntajes.
Javier González, presidente de la Agencia de la Calidad de la Educación y director de SUMMA, lo dijo sin rodeos en el programa Desde la Redacción de La Tercera: «Es malo. Me atrevo a decirlo así».
El peor resultado histórico en Matemática
Chile obtuvo en la última medición PISA su peor resultado histórico en Matemática y el segundo más bajo en Ciencias y Lectura. La caída, sin embargo, no es exclusiva del país: todos los países participantes vienen bajando desde 2015, y Chile lo hace, según González, «un poquito menos que el resto». El matiz importa, pero no alcanza para el consuelo: el punto de partida chileno es más bajo que el de los países desarrollados, lo que amplía la brecha estructural.
Hay un dato que González rescata como señal positiva: en los 25 años de participación en PISA, el quintil socioeconómico más bajo es el que más ha subido, de manera consistente, en Matemáticas, Lenguaje y Ciencias. Chile, además, mantiene el liderazgo regional. La comparación con Uruguay, que suele citarse como referente, requiere una precisión técnica: la cobertura de educación secundaria de ese país para efectos de PISA ronda el 75% de los jóvenes, mientras que la de Chile alcanza cerca del 95%.
La delegación cognitiva
Para entender el presente hay que volver a esa semana en que los datos de uso tecnológico y los resultados académicos se cruzaron en los análisis. González identifica dos hipótesis principales para explicar la caída global: la pandemia y la tecnología. En el caso chileno, la segunda cobra una dimensión particular.
El mecanismo que más preocupa a los investigadores tiene nombre: delegación cognitiva. Es el proceso por el cual el estudiante cede al algoritmo las operaciones mentales que debería ejercitar por sí mismo. «Lo mismo pasa con el GPT», señala González, trazando el paralelo con la calculadora o el GPS. El resultado medido es lo que los especialistas llaman el «efecto Flynn inverso»: las generaciones más jóvenes están registrando puntajes más bajos en pruebas de coeficiente intelectual.
A eso se suma un segundo efecto documentado por universidades norteamericanas, según González: el impacto sobre el desarrollo moral y ético. Las plataformas de IA tienden a validar al usuario antes que a cuestionarlo. El ejemplo que ofrece es directo: un joven que consulta si debe hablar con su madre tras una pelea recibe del GPT una respuesta que reafirma su enojo en lugar de promover el comportamiento prosocial. «Se transforman en una barrera para desarrollar comportamiento prosocial», advierte. A nivel neurológico, agrega, hay evidencia medida sobre pérdida de memoria y reducción de la capacidad de atención.
El otro frente: los recursos que se cortan
González no limita el diagnóstico a la tecnología. Señala que el apoyo pedagógico que los SLEP y municipios entregan a los colegios es «tremendamente débil». En los sistemas educativos que funcionan, los supervisores visitan las escuelas semanalmente; en Chile, esa frecuencia oscila entre una vez al mes y una vez cada dos meses. Y advierte sobre lo que llama la «doctrina Quiroz»: los recortes de recursos en educación que, a su juicio, comprometen el desarrollo del país. «Sin educación no va a haber el crecimiento a largo plazo. Eso lo sabe cualquier economista», afirma.
La lectura de Hemisferio
Los datos de PISA confirman una paradoja que el entusiasmo tecnológico prefiere ignorar: el acceso masivo a herramientas de IA no reemplaza la formación de capacidades cognitivas; en ciertos contextos, las erosiona. Chile es un caso de laboratorio involuntario. La libre empresa y la innovación prosperan sobre capital humano real —personas que razonan, recuerdan y resuelven—, no sobre generaciones que delegan el pensamiento a un algoritmo adulador.
El problema no es la tecnología en sí, sino la ausencia de criterio institucional para regularla en el aula, combinada con un aparato estatal que recorta el presupuesto educativo justo cuando más se necesita reforzar la pedagogía. Invertir en formación docente de calidad y en supervisión efectiva no es gasto: es la única política industrial que no se puede importar.
