La escena lo dice todo. El Gobierno de Panamá anunció una inversión de 105 millones de dólares para su estrategia de semiconductores y, en el mismo período, presentó su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial sin asignar un solo dólar a su ejecución. Dos documentos, dos pesos distintos en la balanza del presupuesto público.
El diagnóstico de partida es honesto y eso, en sí mismo, es un mérito poco frecuente en la región. La estrategia renuncia a competir con las grandes potencias en el entrenamiento de modelos de escala masiva. Panamá no tiene el capital ni la masa crítica de talento para esa carrera, y el documento lo reconoce sin eufemismos. La apuesta va por la capa de aplicación: logística, finanzas, agricultura tropical y salud. Sectores donde el país tiene datos propios y problemas que nadie resolverá desde afuera.
Hay otros dos aciertos que merecen subrayarse. El primero vincula el desarrollo de la inteligencia artificial con la planificación energética: propone eco-parques de datos junto a generación renovable e incorpora el tiempo de energización como indicador. El propio documento destaca que la meta de alcanzar una matriz eléctrica con un 70% de generación renovable para 2050 ya se cumplió en 2024. Esa ventaja competitiva es real y Panamá haría bien en construir sobre ella.
El segundo acierto es el Estado como primer cliente. En lugar de comprar software estandarizado en el exterior, la estrategia propone licitaciones por reto: el Gobierno plantea un problema y las empresas locales compiten por resolverlo. Es, según el análisis del documento, la palanca más potente del texto y, paradójicamente, la que menos cobertura recibió.
Pero los detalles cuentan la historia, y los detalles aquí son los vacíos.
El mayor es presupuestario. Panamá invierte apenas el 0,16% del PIB en investigación y desarrollo, cifra que el propio documento reconoce como magra. Sin embargo, no fija ninguna meta para cambiarla ni asigna recursos concretos a la estrategia de inteligencia artificial. Una política pública sin línea de financiamiento es, en el mejor de los casos, una hoja de ruta para la próxima administración; en el peor, papel.
El segundo vacío aparece en el capítulo nueve, titulado «Hoja de ruta de implementación». Paradójicamente, no contiene una hoja de ruta. No define fases, fechas ni responsables. El horizonte se extiende hasta 2036, lo que atraviesa al menos dos administraciones más. Sin cronograma público ni mecanismos de seguimiento, la continuidad dependerá de la voluntad política de quienes vengan después, una apuesta que Panamá, según el propio análisis del documento, ya ha perdido en más de una ocasión.
El tercer vacío es territorial. La estrategia propone convertir más de 400 infoplazas en centros de alfabetización en inteligencia artificial e incorporar el pensamiento computacional desde la primaria. Es un paso correcto. Pero mientras al sector privado se le asignan pilotos y alianzas, a la sociedad civil solo se le reserva un rol consultivo, sin financiamiento para las organizaciones que llevan años impulsando la formación tecnológica fuera de la capital.
Y hay una conversación que el documento elude. Los centros de datos consumen agua y potencia firme. En 2023, la generación hidroeléctrica del país cayó un 23% por efecto del fenómeno de El Niño. Los niveles de los embalses vuelven a bajar. Prometer cómputo verde sobre una matriz que depende del agua obliga a establecer cuántos megavatios firmes y cuántos litros harán falta, y de dónde saldrán. Esa aritmética no aparece en el documento.
Ahora que la Asamblea Nacional discute el proyecto de ley 588 sobre gobernanza adaptativa de la inteligencia artificial, existe una ventana para convertir las buenas intenciones en obligaciones concretas: presupuesto asignado, metas medibles con línea de base definida y cronograma público con responsables nominados.
Para Hemisferio, el fondo del asunto es de principio. Una estrategia construida con la participación de más de 6.700 ciudadanos merece algo más que aplausos protocolares: merece la disciplina fiscal y la transparencia institucional que convierten un documento en política de Estado. El libre mercado florece donde las reglas son claras, los contratos se cumplen y el aparato estatal no promete lo que no puede financiar. Sin presupuesto, sin plazos y sin responsables, la estrategia de inteligencia artificial de Panamá no transforma la logística, no fortalece el sistema de salud y no prepara al talento que el país necesita. La inversión privada llega donde hay certeza jurídica y compromiso institucional demostrable, no donde hay visiones bien redactadas sin respaldo en el presupuesto nacional.
