La inteligencia artificial ya no está en una zona abstracta. Hoy ayuda a clasificar imágenes médicas, filtra contenidos en Internet, selecciona candidatos laborales y puede ser usada por fuerzas de seguridad para identificar personas. El punto crítico aparece cuando la herramienta se equivoca o deja una decisión difícil de explicar. Entonces, dijo Natalia Zuazo, debe existir una persona capaz de revisar el resultado y responder por sus consecuencias.
Para la consultora en políticas tecnológicas, ese control no puede quedar para después. En una entrevista con Infobae A las Nueve, sostuvo que los gobiernos y las empresas deben establecer reglas antes de ampliar el uso de estos sistemas en áreas sensibles. Mencionó la seguridad, la salud, el empleo y los servicios básicos.
La escena lo dice todo. Una tecnología que procesa datos y patrones puede parecer eficiente. Pero esa velocidad también puede trasladar un error a decisiones con efectos concretos sobre una persona. Zuazo insistió en que hay que mirar los usos que ya operan. No solo los escenarios futuros.
La especialista fue directa: «Hay que creer en las advertencias». Lo dijo al referirse a los riesgos que las propias compañías tecnológicas reconocen. Su planteo fue revisar quién diseñó cada sistema, con qué información fue entrenado, qué puede hacer y quién interviene cuando falla.
Ese criterio no quedó limitado a la salud o al trabajo. Zuazo también extendió la cautela a las infraestructuras críticas, como las redes de electricidad, las comunicaciones e Internet. Una interrupción allí puede afectar a miles de usuarios. El principio, dijo, es proporcionalidad: cuanto mayor sea el impacto sobre una persona, mayor debe ser la revisión.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aprobó en 2021 una recomendación sobre ética de la inteligencia artificial. Ese documento propone que estos sistemas sean transparentes y proporcionales. En términos prácticos, no es lo mismo usar una aplicación para ordenar fotografías que emplearla para definir una atención médica, una contratación o un procedimiento policial.
Zuazo también puso el foco en el dinero que impulsa estas herramientas. Las empresas que cotizan en bolsa deben comunicar a sus inversores los riesgos vinculados con sus negocios. Para la consultora, esa información debería incluir cómo funciona cada producto, qué límites tiene, quién lo financia y qué intereses intervienen en su expansión. «Explícame quién te financió», resumió.
Para ella, saber de dónde provienen los fondos permite entender quién tiene capacidad de influir sobre una tecnología y para qué usos puede orientarse. Empresas como Google y Meta ya difunden informes sobre pedidos estatales de datos personales y solicitudes para retirar publicaciones. Zuazo consideró que las firmas dedicadas a inteligencia artificial deberían informar con un nivel similar de detalle cuando sus sistemas intervienen en contratos de gran escala o en funciones que pueden afectar derechos.
En el trabajo, el avance ya está cambiando tareas y puestos. Algunas empresas capacitan a sus empleados para usar estas herramientas; otras reemplazan parte de las funciones con programas que redactan textos, responden consultas o procesan documentos. El problema, según Zuazo, es decidir quién controla el resultado y quién asume la responsabilidad si el sistema comete una equivocación.
Un editor puede revisar, aprobar y responder por la información. Un programa, no. Ese contraste resume la alerta central de la especialista: la adopción puede ser rápida, pero la rendición de cuentas no puede ser automática ni quedar escondida detrás de una máquina.
Para entender el presente hay que volver a esa semana en la que la inteligencia artificial dejó de ser promesa y pasó a rozar decisiones sensibles del día a día. La discusión ya no es si estos sistemas van a entrar en más ámbitos. Eso ya ocurrió. La pregunta es quién pone el límite, quién audita el error y quién paga el costo cuando la eficiencia privada choca con el daño público.
Los detalles cuentan la historia. Si la IA va a intervenir en salud, empleo o seguridad, el control no puede depender de la buena voluntad de una empresa ni de una corrección posterior del aparato estatal. Tiene que haber reglas antes, transparencia sobre el financiamiento y responsabilidad personal cuando una decisión afecte la vida de otros. Sin eso, la innovación termina pidiendo al ciudadano que acepte el riesgo sin saber quién responde por el desastre.
