El secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, pidió este lunes a las grandes empresas tecnológicas un compromiso mayor con la acción climática. Su argumento fue directo: la inteligencia artificial es una «gran consumidora de energía» y está elevando la presión sobre el sistema eléctrico.
En un discurso en Nueva York, durante la Cumbre de Aceleración Industrial del Acelerador de la Transición Industrial, Stiell sostuvo que la IA está aumentando la contaminación vinculada al carbón, el petróleo y el gas, y que además dispara los costes energéticos para hogares y empresas. Los protagonistas de ese sector, dijo, «se encuentran ahora en terreno pantanoso» porque «se están hundiendo profundamente en lo que se refiere al apoyo público».
«Los gigantes tecnológicos deben empezar a demostrar por qué los beneficios de la IA superan sus costes disparados», insistió. El mensaje colocó a las tecnológicas en el centro de una tensión que ya no es solo ambiental: también toca la cuenta de la luz, la inversión y la capacidad de las redes para absorber una demanda creciente.
Stiell fue más allá y planteó que la propia IA puede ayudar a enfrentar parte del problema que alimenta. Señaló que, si esa tecnología es capaz de resolver un problema matemático de 90 años de antigüedad en cuestión de días, también puede servir para retos como los sistemas de alerta temprana ante desastres climáticos o la eficiencia de la red eléctrica.
En su intervención también defendió el papel de las energías renovables. Dijo que han evitado «gastar casi medio billón de dólares en combustibles fósiles» y destacó que el año pasado la capacidad renovable añadida alcanzó un máximo histórico de 693 gigavatios, «más de la mitad de la capacidad eléctrica instalada de todo Estados Unidos».
Según Stiell, la energía limpia supuso una inversión «extraordinaria» de más de 2 billones de dólares solo el año pasado, con impulso para el empleo y el crecimiento global. También recordó que el objetivo del uso de renovables es acabar con los combustibles fósiles.
Su discurso vinculó de forma explícita clima e inflación. «Cualquier líder que se tome en serio la lucha contra la inflación, la construcción de economías sólidas y la protección de sus ciudadanos debe comprometerse seriamente a reducir el uso de los combustibles fósiles que calientan el planeta y que están impulsando esta crisis climática, así como a fomentar la resiliencia», afirmó.
En el mismo evento, Stiell dijo que en la primera mitad del año 19 proyectos de descarbonización alcanzaron la decisión final de inversión, con una inversión conjunta estimada de 43.000 millones de dólares. También sostuvo que la meta de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados durante este siglo es «lo que exige la ciencia, lo que han acordado las naciones y lo que resulta esencial para proteger a todas las personas y a todas las economías».
Pero añadió una advertencia clave: «Ya es seguro que se superará ese límite, al menos temporalmente». Aun así, afirmó que la cooperación impulsada por la ONU y los esfuerzos nacionales han reducido el aumento previsto de más de 4 grados a 2,6 grados, un avance que calificó de «innegable», aunque insuficiente para evitar una catástrofe.
También elogió que la presidencia turca de la próxima COP31 haya fijado como objetivo que la electricidad alcance el 35 % del consumo energético mundial para 2035. Y remarcó que, aunque ninguna COP puede resolver por sí sola la crisis global, cada una supone un avance.
Para entender el presente hay que volver a esa semana: la discusión sobre IA ya no gira solo en torno a productividad y ganancias, sino al costo real de sostenerla con energía. Los gigantes tecnológicos, que suelen vender eficiencia y futuro, quedan ahora obligados a responder por la factura que dejan detrás.
La escena lo dice todo. Si la transición energética quiere mantener legitimidad pública, tendrá que probar que no depende únicamente de más burocracia y más promesas, sino de resultados medibles, precios soportables y redes capaces de funcionar. En esa prueba, el dinero de los contribuyentes y el bolsillo de los hogares no pueden quedar en segundo plano.
