La escena lo dice todo. Un miércoles por la noche, el presidente Donald Trump publicó en Truth Social que estaba «proud» de que la Cámara de Representantes hubiera aprobado el mes anterior un proyecto de ley para hacer permanente el horario de verano, y exigió al Senado que actuara de inmediato. «People are sick and tired of having to change their clocks twice a year. It is foolish, inconvenient and, in some cases, very costly», escribió.
El proyecto en cuestión se llama Sunshine Protection Act. Su mecánica es directa: eliminaría el cambio de reloj dos veces al año y fijaría el Daylight Saving Time de forma permanente en todo el país, aunque permitiría a los estados optar por salirse del esquema. Bajo el sistema actual, la mayoría de los estadounidenses adelantan sus relojes una hora en marzo y los atrasan en noviembre. Solo Hawái y la mayor parte de Arizona han elegido quedarse en Standard Time todo el año; ningún estado puede, por ley federal, quedarse en horario de verano de manera permanente.
Trump enumeró los beneficios que, según él, traería el cambio: reducción de robos y homicidios, menos accidentes de tráfico, menor riesgo de problemas cardíacos, accidentes cerebrovasculares y depresión estacional, y mayor seguridad para los niños que caminan a casa desde la escuela. «This is an issue that Republicans, Dumocrats, and Independents can unite behind», afirmó, antes de pedir a los senadores republicanos que aprobaran la ley «ASAP».
La versión senatorial del proyecto está patrocinada por el senador republicano Rick Scott, de Florida. Pero el camino en la cámara alta no está despejado. El Senado se encuentra actualmente en receso y sus miembros no regresarán al Capitolio hasta el 14 de septiembre, por lo que cualquier debate sobre la legislación deberá esperar hasta entonces.
El antecedente más cercano no juega a favor. En 2022, el Senado aprobó por consentimiento unánime una medida similar para observar el horario de verano todo el año, pero el proyecto se estancó en la Cámara de Representantes. Ahora los papeles se han invertido: la Cámara ya actuó, y es el Senado el que debe moverse.
Dentro del propio partido republicano hay resistencias. El senador Tom Cotton, de Arkansas, se pronunció públicamente en contra en un discurso en el pleno del Senado pronunciado en octubre. Cotton recordó el experimento de 1974, cuando el país observó el horario de verano permanente durante menos de un año antes de que el Congreso lo derogara por su impopularidad. «In January of 1974, millions of Americans traveled to work and school in darkness», citó Cotton según la fuente.
Los efectos concretos del cambio variarían según la geografía. En Nueva York, el amanecer del 15 de enero se desplazaría de las 7:18 a.m. a las 8:17 a.m. hora local, mientras que el atardecer pasaría de alrededor de las 5 p.m. a cerca de las 6 p.m. En Juneau, Alaska, el sol no saldría hasta pasadas las 11 a.m. hora local en invierno, y se pondría alrededor de las 4:40 p.m.
La comunidad médica especializada en sueño se opone con firmeza. La American Academy of Sleep Medicine emitió una declaración condenando la aprobación de la Sunshine Protection Act en la Cámara. «Permanent daylight saving time would cause misalignment with human circadian rhythms, which are crucial for regulating sleep, mood, and overall well-being», advirtió la organización. Según los expertos en sueño, ese desajuste biológico derivaría en privación crónica de sueño y complicaciones de salud, y elevaría el riesgo de accidentes de tráfico y muertes de peatones, «particularly for children waiting for school buses and walking to school in the dark». Los especialistas abogan, en cambio, por fijar el Standard Time de forma permanente, argumentando que se alinea mejor con los ritmos circadianos humanos.
Los detalles cuentan la historia. El debate sobre el cambio de hora lleva décadas circulando en Washington sin resolverse, y la tensión entre los argumentos de Trump y los de la comunidad científica especializada refleja una disputa genuina sobre qué tipo de evidencia debe guiar la política pública. Lo que sí queda claro es que el costo de la indecisión lo paga cada año el ciudadano común: dos interrupciones anuales al ritmo de vida, con consecuencias documentadas en productividad, salud y seguridad vial.
Desde la perspectiva de Hemisferio, la Sunshine Protection Act encarna un principio que vale la pena defender: el Estado no debería imponer dos veces al año una disrupción artificial a la vida de los ciudadanos. Que el Senado esté en receso mientras el debate espera es, en sí mismo, un recordatorio de cuánto tiempo puede costar al aparato legislativo resolver algo que la mayoría de los estadounidenses lleva años pidiendo. La pregunta que queda sobre la mesa cuando los senadores regresen el 14 de septiembre no es solo técnica: es sobre quién manda en la vida cotidiana de las personas.
