A las 7:00 de la mañana de este lunes 7 de septiembre, ante unos 150 invitados reunidos en el área exterior del edificio de la Administración, Ilya Espino de Marotta asumirá formalmente el control del Canal de Panamá. La escena lo dice todo: por primera vez en más de 100 años de historia de la vía, una mujer ocupa el despacho que antes ocuparon cuatro hombres.
Pero el simbolismo de la fecha se queda corto frente al tamaño del problema que hereda. El Canal, la principal fuente de ingresos del Estado panameño y una pieza clave del comercio marítimo mundial, depende de un recurso que ya no puede darse por garantizado: el agua de los lagos Gatún y Alhajuela, la misma que abastece a más de 2.5 millones de personas, más de la mitad de la población del país.
Los números de 2023 explican por qué esto no es una preocupación abstracta. Aquel año, el tercer más seco en la historia del Canal, la falta de agua obligó a reducir los tránsitos diarios de entre 36 y 38 a solo 24. Dejaron de pasar unos 1,700 buques. El impacto estimado: 900 millones de dólares. «¿Por qué el Canal tuvo que quitar tránsitos? Porque si no iba a impactar el consumo en la población», explicó Espino de Marotta días atrás, en una conferencia ante el sector financiero.
La trastienda de esa decisión revela el verdadero dilema de la nueva administradora: no puede priorizar el negocio por encima del abastecimiento humano, pero tampoco puede permitir que la incertidumbre hídrica erosione la competitividad de la ruta frente a corredores logísticos alternativos que ya compiten por la carga mundial.
El ajuste ya está en marcha. Desde julio se redujo progresivamente el calado permitido y, desde el 4 de septiembre, los tránsitos bajaron de 36 a 34 diarios. A partir del 15 de septiembre serán 32. El objetivo, según explicó la propia administradora, es llegar al verano de 2027 con niveles razonablemente óptimos en los embalses.
Detrás de ese calendario hay un giro estratégico de largo plazo: el proyecto del embalse de río Indio. Espino de Marotta ha señalado que podría aportar entre 10 y 15 esclusajes adicionales diarios y ofrecer seguridad hídrica al Canal durante unos 50 años. El Estudio de Impacto Ambiental categoría III está previsto para enero de 2027, mientras la Autoridad del Canal de Panamá avanza en el diálogo con las comunidades que serían afectadas por la obra.
Es, en los hechos, la mayor apuesta de infraestructura que enfrenta la vía en esta nueva era: una inversión que compromete tierra, comunidades y presupuesto, pero que busca blindar el activo más valioso de Panamá frente a un fenómeno que ya no es coyuntural. La Organización Mundial de Meteorología ha advertido que El Niño, previsto entre 2026 y 2027, puede agravar sequías e inundaciones con impactos económicos alrededor del mundo.
«Sin agua, lo demás pierde relevancia», dijo Espino de Marotta en una entrevista concedida en mayo, poco antes de que se anunciara su designación. La frase resume la lógica que ahora deberá aplicar desde el despacho principal.
Los protagonistas de esta transición no son solo institucionales. El 21 de mayo, cuando apareció en el salón oval del edificio de la Administración vestida de amarillo para recibir la noticia de su nombramiento, Espino de Marotta coronaba una carrera de cuatro décadas dentro del propio Canal: llegó en 1985 como la única ingeniera marina del astillero de la División Industrial, en 2020 se convirtió en la primera mujer subadministradora y en 2024 fue designada primera Oficial de Sostenibilidad de la institución.
La sucede a una cadena de administradores masculinos —Gilberto Guardia Fábrega, Alberto Alemán Zubieta, Jorge Luis Quijano y Ricaurte Vásquez Morales, este último impulsor de la diversificación del negocio desde 2019— en una institución que, a diferencia de otras transiciones de poder en la región, se ha caracterizado por su continuidad técnica y su previsibilidad ante los clientes internacionales.
Esa previsibilidad es, precisamente, lo que está en juego. El Canal no es solo una obra de ingeniería centenaria: es el activo que sostiene buena parte de la credibilidad de Panamá ante navieras, aseguradoras y mercados que necesitan saber que la ruta funcionará con reglas claras, año tras año, más allá de quién ocupe el despacho.
Para Hemisferio, el desenlace de esta historia no se escribirá en el discurso de este lunes, sino en la capacidad de la nueva administración para ejecutar el proyecto de río Indio sin que la incertidumbre regulatoria o la presión política retrasen una inversión que Panamá necesita para seguir siendo, en las próximas décadas, sinónimo de comercio confiable. Garantizar agua y garantizar seguridad jurídica para quienes dependen de la vía son, a partir de ahora, la misma tarea.
