La escena lo dice todo. En el Palacio del ex Congreso Nacional, más de 500 investigadores de distintas regiones de Chile convergieron —al menos en papel— en cuatro informes temáticos que el Comité Científico Asesor de Cambio Climático (C4) presentó este jueves. El telón de fondo: la actualización de la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP), el instrumento que definirá la trayectoria del país hacia la carbono neutralidad y la resiliencia climática durante las próximas tres décadas.
Los estudios, desarrollados con apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y financiamiento de NDC Partnership, abordan cuatro áreas: cambio climático y salud; economía circular; la relación entre agua, energía y alimentos; y el vínculo entre océanos, clima y biodiversidad. Cada documento incluye recomendaciones para traducir diagnósticos científicos en decisiones concretas.
Los números que importan
El informe sobre economía circular es el que ofrece las cifras más llamativas. Según el documento, una aplicación integral de sus medidas podría reducir hasta en 37% las emisiones proyectadas para 2030, elevar el producto interno bruto en 1,54% y crear 33 mil empleos. El estudio sobre agua, energía y alimentos alerta sobre un proceso de aridificación estructural y plantea avanzar hacia una gestión integrada por cuencas. El dedicado a los océanos señala que el mar ha absorbido el 91% del calor acumulado en el sistema climático, con consecuencias para ecosistemas marinos y actividades económicas relevantes para Chile.
En materia de salud, los especialistas advirtieron que el cambio climático ya constituye una amenaza relevante para la población, debido al aumento de la mortalidad asociada al calor extremo y a la expansión de enfermedades transmitidas por vectores.
El puente entre la academia y las decisiones
La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, describió la función del C4 como un puente. «Lo que viene a hacer este comité es hacer un puente entre la investigación académica, los datos y la evidencia para poder resguardar que toda la agenda climática y los instrumentos que se generan tengan un fundamento teórico en base a datos concretos», afirmó. La autoridad subrayó que el trabajo permitirá diseñar instrumentos para alcanzar la carbono neutralidad en 2050 y reforzar la adaptación frente a la megasequía y los incendios forestales.
La presidenta del C4, Camila Fernández, fue más directa sobre el papel del sector productivo. «Queremos acelerar el proceso y hacer un encuentro entre estos dos mundos, entre el sector productivo y el sector académico, en un diálogo franco y con oportunidades para todos», sostuvo. También planteó que la coordinación territorial será clave: dónde instalar parques eólicos y solares, cómo gestionar el borde costero, cómo articular los planes sectoriales entre sí.
Alex Godoy, integrante del C4 y director del Centro de Investigación en Sustentabilidad y Gestión Estratégica de Recursos de la Universidad del Desarrollo, describió el encuentro con el sector privado como «el primer movimiento para alinearlos con los esfuerzos del sector público y los instrumentos como la NDC y la ECLP».
La subsecretaria de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Rossi, añadió que el rol de su cartera es «levantar desde los investigadores, la academia y los emprendedores evidencia científica coherente con los desafíos país».
Durante la segunda parte de la jornada, representantes del sector privado analizaron cómo incorporar las recomendaciones en sus estrategias. La discusión apuntó a que una gestión adecuada de los riesgos climáticos puede favorecer no solo la sostenibilidad, sino también la rentabilidad, la inversión y la continuidad operacional de las empresas.
La trastienda que la jornada no resolvió
Los detalles cuentan la historia. Chile lleva años construyendo arquitectura institucional climática —comités, estrategias, planes sectoriales, NDC— y la presentación de este jueves suma otra capa al edificio. La pregunta que la jornada dejó sin responder es si esa arquitectura reduce regulación y costos para la libre empresa o si, por el contrario, multiplica las exigencias burocráticas sobre el sector productivo.
La señal más interesante de la jornada no vino del Estado, sino del sector privado convocado a la sala: la disposición a colaborar existe, pero depende de que los instrumentos que emerjan de la ECLP generen certeza jurídica, no nuevas capas de obligaciones discrecionales. Si el aparato estatal logra efectivamente hacer ese puente —y no convertirse en el cuello de botella— Chile podría aprovechar una ventana real de innovación y competitividad. Si la burocracia se impone sobre la evidencia, los 500 investigadores y los 30 años de hoja de ruta quedarán como un ejercicio académico costoso para el contribuyente.
