La escena lo dice todo. Mientras cuatro de sus embajadores aún no habían presentado sus renuncias protocolarias, el presidente Gustavo Petro firmaba decretos, nombraba notarios y sancionaba leyes. Los últimos días de un gobierno suelen ser administrativos; los de Petro fueron, además, estratégicos.
El inventario que dejó es extenso. El 24 de julio, según rastreó La Silla Vacía, el gobierno realizó ocho nombramientos de notarios. Entre los beneficiados figuran Inti Asprilla, quien apoyó las reformas del gobierno en el Congreso, designado en la Notaría Segunda de Soacha; la exrepresentante liberal Karyme Cotes, nombrada en la Notaría Sexta de Medellín; y Óscar Alarcón Cuéllar, aliado del senador Wilson Arias, asignado a la Notaría 23 de Cali. También fue nombrada Efvanni Paola Palmariny —señalada como pareja del expresidente de Colpensiones, Jaime Dussán— en la notaría 78 de Bogotá, en Usme. Palmariny se desempeñó como vicepresidenta Comercial y de Servicio al Ciudadano en Colpensiones durante la gestión de Dussán.
Los detalles cuentan la historia. Las notarías en Colombia son cargos de libre nombramiento presidencial, bien remunerados y con estabilidad relativa. Distribuirlos entre aliados políticos en la recta final del mandato es un movimiento clásico de la trastienda burocrática: asegurar presencia institucional más allá del cambio de gobierno.
En el frente ambiental, el gobierno firmó la Resolución 0961 del 4 de agosto de 2026, por la que el Ministerio de Ambiente delimita y declara el bioma amazónico como reserva definitiva de recursos naturales renovables. La consecuencia práctica es directa: esa zona quedaría fuera de cualquier concesión o autorización para nuevas actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos. Una decisión de enorme alcance económico, firmada en las últimas horas de un gobierno que ya no tendrá que administrar sus consecuencias.
En materia laboral, el Decreto 0992 del 4 de agosto de 2026, expedido a través del Ministerio del Trabajo, estableció nuevos requisitos para registrar los pactos colectivos —los acuerdos que firman las empresas con trabajadores no sindicalizados—. Según la fuente, la medida buscaría evitar que esos pactos se usen como herramienta para debilitar la afiliación sindical.
Pero la pieza con mayor impacto fiscal para el gobierno entrante es la ley de alimentación gratuita en universidades públicas, sancionada por Petro en sus últimas horas y anunciada en su cuenta de X. La norma obliga a las instituciones de educación superior públicas a garantizar comida a sus estudiantes de pregrado mediante bono o servicio de alimentación. Los grupos priorizados incluyen personas con discapacidad, mujeres en embarazo o lactancia, víctimas del conflicto y quienes vivan en zonas rurales o en estratos 1, 2 o 3. El costo de esa obligación recaerá sobre un gobierno que ha declarado como bandera la austeridad y el recorte del gasto público.
Hubo también un movimiento en el tablero de la paz. Mediante la Resolución 297 del 3 de agosto, Petro retiró el estatus de representantes en la mesa de diálogo con las disidencias de las Farc a ocho integrantes del Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio, señalados como parte de las disidencias de alias Calarcá. El argumento oficial: no mostraron voluntad real de avanzar en la construcción de paz.
En paralelo, el exministro de Hacienda, Ávila, nombró a Simón Gómez —economista y director del Centro Vida, centro de pensamiento creado por el expresidente— como experto del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). El cargo dura cuatro años, es decir, coincide exactamente con todo el mandato del presidente Abelardo de la Espriella.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. Lo que el gobierno Petro dejó firmado no es solo un conjunto de medidas administrativas de transición: es una arquitectura de condicionamientos. Una ley que compromete gasto público futuro, una resolución que cierra el Amazonas a la inversión en hidrocarburos, un decreto que endurece las condiciones para los pactos colectivos y un experto de confianza instalado en el organismo que vigilará las cuentas del nuevo gobierno durante cuatro años.
El presidente De la Espriella llega al poder con una agenda de orden fiscal y apertura a la inversión. La herencia que recibe apunta en dirección contraria: más obligaciones para el erario, menos espacio para la exploración de recursos naturales y mayor presión regulatoria sobre las empresas. Desmontar lo que se firma en decreto es posible; desmontar lo que se sanciona en ley, bastante más costoso. Esa es la diferencia entre una transición y una trampa.
