La escena lo dice todo. En mayo pasado, mientras las protestas por el precio del combustible sacudían las calles de Nairobi, la causa inmediata no estaba en Kenya sino en el estrecho de Ormuz. La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos —librada a miles de kilómetros del continente— había encendido una mecha que recorrió oleoductos, tarifas eléctricas y presupuestos familiares de Lagos a Maputo.
Para entender el presente hay que volver a esa semana. África lleva décadas construyendo una narrativa de potencia energética emergente: reservas de gas en el Golfo de Guinea, proyectos de GNL en Mozambique, parques eólicos en Marruecos, geotermia en el Valle del Rift. Sin embargo, el conflicto dejó al descubierto una realidad más incómoda: la seguridad energética del continente sigue siendo, en buena medida, una función de la estabilidad geopolítica de otros.
El gas manda en el oeste
Nigeria genera aproximadamente tres cuartas partes de su electricidad en plantas de gas. Ghana depende del gas para alrededor de dos tercios de su generación. Cuando los precios globales del combustible suben, las tarifas eléctricas suben con ellos —y las empresas de servicios públicos, ya presionadas por tarifas reguladas que no recuperan el costo real del suministro, quedan atrapadas entre el mercado y el regulador.
El efecto no se detiene en las fronteras nacionales. Nigeria y Ghana son exportadores netos de electricidad a través del West African Power Pool, abasteciendo a países como Togo y Benín. Un choque de precios en el Golfo Pérsico se convierte, en cuestión de semanas, en una crisis de asequibilidad en toda la subregión.
La paradoja del exportador
A primera vista, un alza en los precios del crudo debería beneficiar a los productores africanos. Nigeria es el mayor productor de petróleo del continente; Mozambique ha expandido rápidamente sus exportaciones de gas natural licuado. Pero los detalles cuentan la historia.
En gran parte de África, la producción upstream está dominada por compañías petroleras internacionales. Los gobiernos reciben regalías, impuestos y retornos sobre sus participaciones accionarias, pero una porción sustancial de las ganancias extraordinarias durante los picos de precio fluye hacia los operadores privados y sus accionistas. El ciudadano común experimenta exactamente lo contrario: en Nigeria, la eliminación de los subsidios a la gasolina significa que cuando los precios globales suben, los precios domésticos suben con ellos. Para los millones de hogares y negocios que dependen de generadores diésel ante una red eléctrica poco confiable, el alza se traduce en un costo directo e inmediato.
Mozambique presenta una paradoja similar. El país se ha convertido en un exportador significativo de GNL —proyectos como Coral South generan ingresos considerables—, pero esos flujos benefician principalmente a las operadoras y sus socios upstream, mientras el acceso doméstico a la electricidad sigue siendo desigual. La riqueza de recursos, por sí sola, no garantiza seguridad energética.
La trampa de las renovables
La sabiduría convencional sugería que los países con mayor generación renovable estarían aislados de los choques en los precios de los combustibles fósiles. La experiencia africana matiza esa certeza.
Marruecos y Kenya son dos de los casos de éxito en energía limpia del continente. Kenya genera la mayoría de su electricidad de fuentes renovables; Marruecos lleva años expandiendo eólica y solar. Sin embargo, ambos quedaron expuestos cuando los precios del petróleo y el gas se dispararon. La razón es estructural: los sistemas eléctricos no existen en aislamiento del resto de la economía. Marruecos importa aproximadamente el 90% de su energía primaria y el gobierno destina más de 300 millones de dólares al mes en subsidios para proteger a los consumidores del alza en los costos de los combustibles. Kenya, pese a su impresionante portafolio renovable, también ha experimentado choques de precios significativos.
Diversificar la generación eléctrica hace los sistemas más resilientes, pero no elimina la vulnerabilidad cuando el transporte, la industria, la generación de respaldo y las finanzas públicas siguen atadas a los combustibles fósiles importados. Es condición necesaria, no suficiente.
El capital que se va
Hay una amenaza menos visible pero igualmente grave. Entre 2010 y 2024, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita anunciaron alrededor de 175.000 millones de dólares en inversiones energéticas en África. Esos compromisos ayudaron a financiar energía renovable, infraestructura de transmisión y expansión eléctrica en todo el continente.
La inestabilidad geopolítica cambia las decisiones de inversión. Cuando los gobiernos redirigen recursos hacia el gasto en defensa y prioridades domésticas, las inversiones en infraestructura exterior —antes consideradas seguras— enfrentan postergaciones, renegociaciones o cancelaciones. Las empresas de servicios públicos africanas ya pagan costos de financiamiento muy superiores a los de Europa, China o Estados Unidos, debido al riesgo soberano, la incertidumbre regulatoria y la volatilidad cambiaria. Cuando las tensiones geopolíticas aumentan, los inversores exigen retornos aún más altos, encareciendo los nuevos proyectos de energía precisamente cuando más se necesitan.
La trastienda de esta crisis revela un principio que el libre mercado conoce bien: sin marcos regulatorios predecibles, sin gobernanza sólida en las empresas de servicios públicos y sin políticas fiscales que capturen valor para el ciudadano durante los auges de materias primas, el aparato estatal termina absorbiendo las pérdidas mientras los beneficios extraordinarios se van al exterior. El costo lo paga, como siempre, quien menos puede permitírselo.
